Los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional (SMI) no tributaran por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así lo ha acordado este martes la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso con los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y BNG; mientras que PP y Junts se han abstenido y Vox ha votado en contra.
Como la mencionada comisión parlamentaria tenía competencia legislativa para adoptar esta decisión, no hace falta que el texto se eleve al pleno del Congreso y será remitida directamente al Senado. No se espera que se modifique.
Aunque la enmienda original sobre la tributación del SMI era de PSOE y Sumar, el BNG sumó posteriormente en fase de ponencia para establecer que la deducción tiene que ser asumida exclusivamente por el Estado y para ampliar de 17.256 a 18.276 la cifra a partir de la cual el contribuyente puede acogerse a deducciones.
La reforma supone aplicar nuevas deducciones para los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatuaria, inferiores a 18.276 euros.
La deducción será de 340 euros anuales cuando los rendimientos sean inferiores al SMI de 16.576 euros y se rebajará ligeramente hasta los 18.276 euros. En concreto, habría que restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales, según precisa Europa Press.
La ley establece que el importe de la deducción prevista en este apartado no podrá exceder de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos del trabajo. El coste de las deducciones será asumido exclusivamente por el Estado.
Devolución a los mutualistas
Entre las normas aprobadas este martes también está la reforma que permitirá devolver este año en un solo pago el IRPF que los mutualistas jubilados abonaron de más y que les reconoció el Tribunal Supremo, corrigiendo así el plazo de cuatro años que está estipulado actualmente en la legislación.
Por otra parte, la Mesa del Congreso de los Diputados ha prorrogado, hasta el próximo 18 de junio, el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, lo que supone el tercer aplazamiento con el que el Gobierno gana tiempo para negociar los apoyos que necesita. Impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta ley, dirigida a reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, llegó al Congreso el pasado 13 de mayo y se tramita por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, el ejecutivo no cuenta con el respaldo de Junts per Catalunya, cuyos votos son imprescindibles para que la ley salga adelante con la misma mayoría que apoyó la investidura del presidente Pedro Sánchez, ya que el PP y Vox la rechazan.