En los últimos años, las relaciones entre empresarios y sindicatos se han deteriorado, especialmente en el ámbito estatal. Los constantes pactos de la vicepresidenta Yolanda Díaz con CCOO y la UGT, dejando de lado la patronal CEOE, y políticas mucho más próximas a los postulados sindicales han propiciado este distanciamiento. En Catalunya, la distancia no se ha ensanchado de la misma manera, pero tampoco viven un idilio.
La huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha agrandado esta fractura. Las organizaciones empresariales nunca están a favor de las huelgas, pero esta la consideran inconcebible por su carácter marcadamente político y porque parte de las reivindicaciones no son laborales –y consideran, además, que las empresas también sufren la falta de vivienda asequible–, y se sienten víctimas de una operación política.
La reivindicación de CCOO, la UGT y el Sindicat de Llogateres de este 11N nace después de una convocatoria electoral en el Estado, de manera que no se convoca contra el Gobierno para que cambie nada. Esto es lo primero que chirría a las patronales. Tampoco se convoca, en Catalunya, contra el Govern, que ha dictado unos servicios mínimos que las patronales consideran muy bajos –lo son si se comparan con los que tienen en regiones como Madrid– y que no garantizan el derecho a trabajar de los funcionarios que lo deseen mediante el teletrabajo.
Si no es contra los gobiernos –quizás sí contra la oposición o contra un posible futuro Gobierno de PP y VOX–, las organizaciones empresariales tienen claro que es contra la empresa. Una muestra de ello es que, entre los actos convocados por los dos sindicatos mayoritarios en Catalunya este miércoles, hay una manifestación hasta delante de la sede de Foment del Treball en Barcelona, pero no está previsto que se concentren en la Plaça Sant Jaume, delante del Palau de la Generalitat.
La Cambra de Comerç de Barcelona, donde están presentes Foment y Pimec, además de muchas empresas a título individual y en representación de su sector, que las ha votado, ha emitido este martes un comunicado contra la huelga: “La huelga general tiene un carácter más político que económico, que en una democracia madura tiene unas implicaciones directas que no podemos entender. Esta huelga se impulsa dieciocho días antes de las elecciones y dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral. Por lo tanto, en plena precampaña, no deja de tener un marcado objetivo político”.
La institución que preside Josep Santacreu pone el acento también en que la huelga, por la vivienda y los salarios, no es contra medidas del Gobierno español, a pesar de que el PSOE lleva ocho años en la Moncloa: "No responde a una respuesta social contra una medida impulsada por el Estado en materia laboral, de pensiones o gasto público, que haya podido afectar directamente a los trabajadores y promueva la movilización".
La Cambra recuerda que la vivienda "no se puede considerar un aspecto vinculado directamente a las relaciones laborales" y que "no se resuelve con una huelga" sino con un Pacto Nacional por la Vivienda a largo plazo en el que participen todas las administraciones.
"Toda huelga genera un coste para todo el tejido económico y empresarial, es decir, para las empresas y también sus trabajadores. Este coste es difícil de justificar cuando no se considera plantear una contrapartida negociable, con las Cortes disueltas y sin margen para aprobar nuevas leyes antes de las elecciones", añade el comunicado de la Cambra, que concluye que "esta convocatoria tendrá un impacto no deseado, sin aportar ninguna solución".
Foment, Pimec y Cecot lamentan la huelga
La Cambra no es un agente social que acostumbre a hacer estos pronunciamientos. Foment del Treball y Pimec sí, y no se han mordido la lengua. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, la ha calificado de "profundamente equivocada, inoportuna, irresponsable y perjudicial".
"No nos engañemos: paralizar empresas no construye viviendas. Hacer perder actividad a un comercio, a una industria o a un autónomo no resuelve los obstáculos que impiden disponer de más pisos asequibles. No es razonable trasladar al conjunto de las empresas el coste de un conflicto que exige decisiones de política de vivienda y la implicación de muchas instituciones. Necesitamos soluciones y estaremos en la mesa para aportar y para llegar a acuerdos", añadió Sánchez Llibre.
Pimec coincide en el diagnóstico: el problema de la vivienda existe, pero la huelga no lo generará, y añadió que "no se pueden trasladar a las empresas, especialmente a las pymes y las personas autónomas, los costes y las afectaciones de una problemática que exige principalmente la actuación de los poderes públicos".
La patronal que preside Antoni Cañete recordó que las empresas también sufren las consecuencias de la situación del mercado de la vivienda porque les dificulta la captación de talento. “Un paro de la actividad añade nuevas dificultades a un tejido empresarial que ya está sufriendo las consecuencias de esta crisis”, añadió. Pimec valoró como “extraordinariamente bajos” los servicios mínimos del 25% en el transporte en hora punta, porque dificultará ir a trabajar a quien lo desee.
La Cecot coincide en que “un paro general de la actividad económica no es el instrumento adecuado para dar respuesta a los problemas sociales y económicos que motivan la movilización” y recuerda que la falta de vivienda no solo afecta a trabajadores, sino también a autónomos, comerciantes y empresarios: “En un tejido productivo formado prácticamente en su totalidad por microempresas y pymes, la crisis residencial afecta al conjunto de la sociedad y no puede plantearse como un conflicto entre trabajadores y empresas”.