El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer este lunes su estrategia para la nueva actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año. La decisión, anunciada tras una reunión de casi tres horas con los agentes sociales, eleva la cifra en un 3,1%, situándola en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, con la particularidad de que este aumento no generará una tributación más elevada en el IRPF de los trabajadores.

La medida, de carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, representa un paso más en el objetivo declarado del Gobierno de eliminar la condición de España como país de bajos salarios y de acercar los sueldos a los niveles medios de la Unión Europea. Sin embargo, el núcleo de la novedad y el debate posterior no reside tan solo en la cifra, sino en el mecanismo de compensación fiscal que el Ministerio, en coordinación con Hacienda, propone para aliviar el impacto en aquellos sectores productivos con una presencia más acentuada de trabajadores en el límite salarial.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha expuesto con detenimiento una filosofía clave: esta compensación no será un regalo urbi et orbi ni una subvención incondicionada. Al contrario, se diseñará como un instrumento vinculado a compromisos empresariales firmes en materia de creación y calidad del empleo. “La fórmula de compensación con la que estamos trabajando debe ser, también, un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios”, ha señalado Pérez Rey durante su comparecencia. 

Aunque el diseño concreto de la deducción o bonificación en el Impuesto de Sociedades resta por perfilar en los próximos días, el principio rector queda claramente establecido. La compensación quedará supeditada al mantenimiento del empleo y, de manera fundamental, a que las empresas beneficiarias adopten medidas para elevar los salarios más bajos de sus plantillas. Este vínculo pretende garantizar que los fondos públicos se dirijan directamente a mejorar las condiciones laborales y no se diluyan simplemente en los márgenes de beneficios.

Pérez Rey ha querido dar a esta política una dimensión ética y nacional. Afirma que los salarios altos “no han de ser patrimonio exclusivo de una serie de trabajadores”, sino que también han de llegar a aquellas personas “que se dejan todo el día su esfuerzo en los jornaleros, en los campos, o lo hacen ayudando a los demás, o lo hacen limpiando”. Ha identificado sectores como la agricultura, la hostelería, las concesiones públicas, la limpieza o la seguridad privada como destinatarios potenciales de este estímulo, siempre que este sirva como puente hacia mejoras salariales sostenidas.

La propuesta ha sido recibida por los agentes sociales con una mezcla de interés y prudencia, pendiente de conocer los detalles jurídicos y operativos. Tanto la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT) han valorado positivamente la voluntad de buscar una salida que incluya a la patronal, pero han manifestado ciertas reservas. Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical de CCOO, subraya la necesidad de “clarificar jurídicamente” el mecanismo para asegurar que la deducción fiscal repercuta directamente en los incrementos salariales y no sea absorbida por los márgenes de las empresas. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, añade que esta nueva propuesta no puede ser motivo de “dilatación” para el acuerdo sobre el SMI, que debe cerrarse esta misma semana.

Desde la vertiente empresarial, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado una actitud de espera. Rosa Santos, directora del departamento de Empleo de la patronal, ha afirmado que la medida está llena de “incógnitas” y que esperarán a tener la propuesta por escrito para analizarla, ya que los condicionantes planteados podrían afectar a la negociación colectiva. Ha recordado que su propuesta de subida se limitaba al 1,5%, pero abre la puerta a un acuerdo si la compensación “mejora las circunstancias globales de las empresas”.

Otro frente de reivindicación sindical, la reforma de las reglas de compensación y absorción para evitar que pluses y complementos se coman la subida del SMI, quedará fuera de este Real Decreto. Pérez Rey argumentó que incorporarlo dilataría excesivamente la tramitación urgente de la actualización salarial, aunque señaló que se abordará en una norma diferente y próxima.

El Gobierno manifiesta, pues, una doble determinación: por un lado, impulsar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables mediante una nueva subida del salario mínimo; de otro, activar una ingeniería fiscal sofisticada que premie a las empresas que transformen esta obligación legal en una mejora estructural de sus sueldos de entrada.

La mesa de diálogo social volverá a reunirse el próximo jueves con la misión de concretar esta propuesta y, posiblemente, cerrar un acuerdo que pretende ir más allá de una simple cifra y convertirse, como ha dicho el secretario de Estado, en “un asunto de Estado, en un asunto de país” para superar el diferencial salarial con Europa.