Manuel García, director general de Política Energética del Gobierno, ha defendido ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón eléctrico del 28 de abril la independencia operativa de Red Eléctrica de España (REE). García Hernández ha desmentido cualquier orden o presión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el operador del sistema, asegurando que las decisiones técnicas se adoptan de forma "completamente exclusiva, autónoma e independiente" por parte de la empresa.
La respuesta ha sido tan contundente como esperada. A la pregunta directa sobre si el Gobierno ha impuesto a REE la operación en "modo reforzado" implementada después del colapso eléctrico, García Hernández ha respondido sin tapujos: "No, en absoluto". El director general ha argumentado que esta modalidad operativa, destinada a garantizar una mayor seguridad de la red después del incidente, es una decisión que "ha tomado de manera autónoma e independiente el operador del sistema sin que desde el Ministerio se le haya dado ningún tipo de indicación o mandato".
"No es ni posible jurídicamente ni tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico", ha asegurado respecto a la posibilidad de que el Gobierno pueda influir en las decisiones técnicas diarias. García Hernández ha recordado que es Red Eléctrica quien, de manera "exclusiva", debe verificar que el mix energético definido para la operativa del sistema "es compatible con la seguridad física de la red". En este sentido, ha calificado de "completamente irreal" la idea de que desde el ejecutivo se puedan dar instrucciones en este ámbito.
La sombra de las renovables y la independencia del operador
La investigación en el Senado también ha puesto el foco sobre una cuestión recurrente en el debate energético: la posible presión política para privilegiar la generación renovable por delante de otras tecnologías. El director general lo ha negado de forma tajante, insistiendo en el marco legal que rige el sistema. "Esto no es ni posible jurídicamente ni tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico", ha reiterado, cortando cualquier sospecha sobre un supuesto favoritismo político hacia unas energías sobre otras en la gestión de la red.
Su testimonio busca trazar una línea clara e infranqueable entre las funciones del Gobierno de Pedro Sánchez y las responsabilidades de Red Eléctrica. Según su versión, cualquier injerencia en esta segunda esfera sería, además de ilegal, contraproducente. Una de las revelaciones más significativas de su comparecencia ha sido el reconocimiento de que el Ministerio tuvo conocimiento de incidentes en la red seis días antes del corte generalizado. García Hernández ha admitido que el 22 de abril se produjeron "episodios de variaciones de la tensión" y que, al ser informado, lo puso en conocimiento de su "superior jerárquico", el secretario de Estado de Energía.
Inmediatamente, desde el Ministerio se solicitó información a REE sobre estos acontecimientos. La respuesta del operador, según ha explicado el director general, fue tranquilizadora: el operador del sistema calificó los hechos como un incidente que "el sistema había sido capaz de gestionar". García Hernández ha detallado que, según REE, se dieron "una serie de circunstancias que, de manera aislada, son relativamente frecuentes, pero que, de forma simultánea, eran muy infrecuentes que se pudieran producir". En aquel momento, pues, no se detectó ningún riesgo inminente de un colapso de mayores dimensiones.
La explicación técnica
Sobre las causas profundas del apagón, el máximo responsable de Política Energética ha ofrecido una explicación técnica que busca descartar otras teorías. Ha negado rotundamente que la "mayor o menor presencia de almacenamiento en el sistema" tuviera relación alguna con lo que sucedió. En cambio, atribuye el origen del problema a "un problema de insuficiente capacidad de controlar las tensiones en el sistema, provocado por un fenómeno en cascada que los recursos para el control de tensión del sistema no fueron capaces de absorber".
Su afirmación más impactante ha sido calificando el apagón del 28 de abril como "un fenómeno inédito que nunca se había dado ni en el sistema español, ni en otro sistema mundial". Ha precisado que se trató de un "fenómeno de colapso por sobretensión que no estaba documentado, ni siquiera en la literatura académica". Esta caracterización sirve como eje central de la defensa del Gobierno y de Red Eléctrica: fue una situación imprevista y no registrada, contra la cual era difícil prever contramedidas específicas. "Por lo tanto, no hubo ni podía haber habido, y nosotros no tuvimos en ningún momento conocimiento ni indicios, de que este fenómeno se pudiera producir", añade.
A pesar de la gravedad de los hechos investigados, el director general ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos y a los grupos políticos. Asegura que, "ahora mismo, no hay ninguna evidencia, ni ningún elemento que haga pensar o poder plantear que se pueda producir algo como lo que ocurrió el día 28 de abril". Para reforzar esta seguridad, ha enumerado las medidas adoptadas por todos los agentes implicados: REE en la operativa, la CNMC en la regulación de nuevos servicios y el Ministerio en el ámbito normativo. "Todas ellas van en la línea de dotar al sistema en su conjunto de mayor resiliencia para garantizar que algo como lo que ocurrió el 28 de abril en ningún caso vuelva a poderse producir", finaliza, poniendo el punto final a una comparecencia clave para entender las explicaciones oficiales sobre uno de los mayores apagones de la historia reciente de España.