El Ministerio de Función Pública ha garantizado a los sindicatos UGT y CCOO que sigue intacto el compromiso de implantar la jornada de 35 horas para el colectivo de funcionarios. Para dar cumplimiento al mismo, retomará el asunto, después de que la semana pasada se rompieran las negociaciones por la falta de presupuestos generales del Estado para 2026.
El ministerio ha comunicado a las organizaciones sindicales que pone en marcha el procedimiento para sacar adelante la medida y que en breve se convocarán las mesas de negociación correspondientes con el fin de modificar la resolución que regula la instrucción de jornada y horarios. También ha aseverado que se cumplirán los plazos acordados.
Ambas organizaciones sindicales se congratulan de volver a lo pactado inicialmente. En cualquier caso, han insistido en que la implantación debe hacerse en toda la Administración General del Estado, incluido el personal de Instituciones Penitenciarias.
En concreto, el ministerio convocará a la Comisión Superior de Personal ya la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero. Posteriormente, se elevará la propuesta a la mesa general de la administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos.
Teletrabajo y jubilación parcial
Los representantes sindicales de UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO se han reunido este miércoles con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, para culminar las materias pendientes de ese documento, como la implantación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado, el teletrabajo, la clasificación profesional y la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral.
Respecto a la reunión de la semana anterior, Función Pública, que ha dicho compartir la necesidad de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral, ha accedido a buscar el instrumento normativo adecuado que así lo garantice. No obstante, desde UGT y CCOO se exige "la recuperación inmediata y haremos un llamamiento al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema que está afectando a miles de empleados públicos, a quienes se les está negando un derecho, tanto en el terreno laboral, como en el funcionarial y estatutario".
Asimismo, para ambas organizaciones, una vez firmado el pasado día 26 el acuerdo para poner en marcha el anteproyecto de ley de Estatuto Marco Sanitario, es urgente concluir, también en el ámbito de la función pública, los compromisos de clasificación profesional de personal técnico superior y medio, un asunto recogido también en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, algo que comparte Función Pública.