El Govern ha aprobado este martes la ampliación de la plantilla de la Generalitat con 306 nuevas plazas estructurales destinadas a personas con discapacidad intelectual. Esta actuación se lleva a cabo en el marco del despliegue de un nuevo modelo integral de inclusión sociolaboral dentro de la administración pública catalana. El Govern ha destacado que hace una apuesta decidida por una administración "inclusiva, ejemplar y cohesionada".
La creación de las plazas se destinará a cubrir las necesidades estructurales de todos los departamentos. Por lo tanto, los nuevos empleados reforzarán funciones auxiliares y de apoyo que mejoren la prestación de servicios públicos. Las 306 plazas se adscriben al grupo E del VI Convenio colectivo único del personal laboral de la Generalitat y están creadas específicamente para personas con discapacidad intelectual
Estas dotaciones se cubrirán mediante procesos selectivos adaptados, que garanticen la adecuación entre las capacidades de las personas y las tareas a desarrollar, con entornos laborales seguros, abiertos e inclusivos.
El Govern, en un comunicado, ha informado que el nuevo modelo integral de inclusión sociolaboral en la Administración pública catalana parte del reconocimiento de la diversidad de capacidades y habilidades de este personal. Así, se adaptarán los puestos de trabajo, funciones y entornos laborales a las capacidades concretas de cada persona, huyendo de planteamientos genéricos e indiferenciados.
El modelo incorpora, además, procesos de acogida, acompañamiento, formación y adaptación de los puestos de trabajo, con el propósito de que la inserción sea efectiva, continuada y sostenida a lo largo de toda la vida profesional.
El Govern aprobó el pasado mes de enero el proyecto de ley de la ocupación pública de Cataluña, con el objetivo de redefinir el modelo de ocupación pública al servicio de todas las administraciones catalanas. Con un alcance de cerca de 400.000 trabajadores, la futura ley será de aplicación tanto al personal de la Generalitat como al de los 947 ayuntamientos y las 7 universidades públicas del país. En el despliegue de la norma se incluye el nuevo modelo de acceso a la ocupación pública de las personas con discapacidad, facilitando dos sistemas de acceso: el ordinario (para toda clase de discapacidades) y el específico (exclusivo para personas con discapacidad intelectual). Los dos sistemas convivirán y serán compatibles y las pruebas del sistema específico se orientarán a una plena y efectiva inclusión sociolaboral en las administraciones públicas catalanas.
Menos trabajo y sueldos más bajos
La entidad Dincat ha constatado que una de cada 100 personas en Cataluña tiene discapacidad intelectual, según el último estudio de la entidad. Desde el año 2018, el número de personas con discapacidad intelectual ha aumentado en un 28%, mientras que el de otros tipos de discapacidad como la física o las derivadas de trastornos mentales han crecido en un 12% y un 10%, respectivamente.
También muestra que, en términos de desagregación por sexo, según el Departamento de Derechos Sociales, de las 86.512 personas con discapacidad intelectual, unas 52.965 son hombres (61%) y 33.547 son mujeres (39%). Analizando por grupos de edad, se constata que la prevalencia de la discapacidad intelectual es particularmente alta entre los hombres menores de 15 años aunque, a medida que aumenta la edad, la proporción de mujeres aumenta progresivamente hasta superar la de los hombres. Además, cabe destacar que cuatro de cada diez personas valoradas con discapacidad intelectual en Cataluña tienen menos de 19 años, y tres de cada cuatro son menores de 44 años. En contraste, en el caso de la discapacidad físico-intelectual se muestra un patrón inverso, ya que un 76% de las personas con esta discapacidad tienen más de 65 años.
En el ámbito del trabajo, el estudio hace referencia a los datos de 2022 y expone que solo una de cada 5 personas con discapacidad intelectual tiene trabajo, una situación que resalta la necesidad urgente de mejorar el acceso al mercado laboral para este colectivo. Por otra parte, la mayoría de los nuevos contratos para personas con discapacidad se concentran en Centros Especiales de Trabajo (CET), "poniéndose así de manifiesto el papel tan importante que juegan este tipo de centros en cuanto a la inserción sociolaboral del colectivo y como garantes de su derecho al trabajo".
En términos salariales, los sueldos de las personas con discapacidad intelectual son la mitad que los del resto de la población y un tercio menos que los del resto de personas con otra discapacidad. A pesar de los esfuerzos por mejorar la inclusión laboral, como las bonificaciones a las empresas ordinarias, la tasa de inserción en estos entornos permanece baja (alrededor del 30% de los contratos nuevos se firman en el mercado ordinario), reflejando un reto continuo en la búsqueda de igualdad y oportunidades para todos.