Foment del Treball ha presentado a los partidos políticos una agenda de reformas económicas y sociales para la legislatura que surja de las elecciones del 29N. Entre las 279 medidas propuestas, precisamente una semana antes de la huelga general del 11N, incluyen “regular el derecho de huelga mediante una ley orgánica que establezca su ejercicio, los límites y las garantías de acuerdo con la Constitución”
Este documento se ha presentado este viernes en la sede de Foment del Treball por parte de la vicepresidenta Mar Alarcón y Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de la patronal. Han subrayado que las propuestas están orientadas a elevar la productividad, reforzar la competitividad y avanzar en el progreso, que incluyen medidas que van desde la fiscalidad, a la inteligencia artificial o a la regulación del derecho a huelga.
El informe que han presentado sostiene que Catalunya necesita recuperar la ambición económica. El crecimiento del empleo es una buena noticia, pero no es suficiente si no va acompañado de más productividad, inversión y competitividad. Este es el mensaje central de las propuestas que Foment del Treball dirige a los partidos políticos: hay que crear las condiciones para que las empresas puedan crecer, innovar y generar valor, y para que los ciudadanos perciban esta evolución en forma de mejores salarios, más oportunidades y servicios públicos de calidad. Con esta finalidad, Foment identifica ocho ámbitos prioritarios de actuación.
1. Fiscalidad. Argumenta que Catalunya necesita un sistema tributario más sencillo, estable y previsible, que no penalice la actividad productiva ni la capacidad de inversión. Reclaman una revisión del importe de patrimonios, sucesiones y donaciones, así como actualizar los tramos del IRPF para evitar que la inflación incremente la presión fiscal sobre rentas que no han ganado poder adquisitivo real. También propone elevar el umbral del IAE, reforzar los incentivos a la reinversión de beneficios y a la investigación y desarrollo, y recuperar estímulos al ahorro individual a largo plazo.
2. Infraestructuras. Reclama más inversión ejecutada y menos retrasos. Subraya que la competitividad depende de la calidad de las infraestructuras y de la fiabilidad de las conexiones. Los déficits acumulados en transporte ferroviario, redes viarias, puertos, aeropuertos y suministro de agua generan costes económicos y limitan el potencial productivo del país. Ante esto, Foment propone la creación de un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat, con una aportación adicional mínima de 1.500 millones de euros anuales, para acelerar las actuaciones pendientes. Exige garantías en transparencia sobre la inversión territorializada, impulsar las conexiones ferroviarias de mercancías y concretar las ampliaciones aeroportuarias y las infraestructuras hídricas necesarias.
3. Vivienda. Considera que hay que aumentar la oferta para contener los precios. Recuerda que el acceso a la vivienda también es un obstáculo para la movilidad laboral y la atracción de talento. Reclama incrementar la oferta y no limitarse a intervenir sobre los precios. Foment defiende un pacto de Estado que implique a todas las administraciones y el sector privado, con objetivos plurianuales para promover vivienda libre, asequible, protegida y social, tanto de compra como de alquiler. Para conseguirlo, considera que hay que movilizar suelo público, agilizar las licencias, reformar la normativa urbanística, facilitar la financiación e impulsar la construcción industrializada. Advierte que hay que revisar las regulaciones que desincentivan la promoción y la rehabilitación.
4. Energía. Mantiene que la descarbonización es un reto inaplazable, pero debe ser compatible con la viabilidad económica de las empresas y la continuidad de la industria. Foment reclama una política energética que asegure el suministro, reduzca los costes y permita avanzar hacia un sistema basado en energías renovables, sin comprometer la seguridad energética durante la transición. En este sentido, plantea mantener las centrales nucleares operativas mientras sean necesarias y cumplan las garantías de seguridad, reforzar las compensaciones a los consumidores electrointensivos y gasintensivos e impulsar el hidrógeno y la captura de CO₂ para los procesos difíciles de electrificar. También reclama una financiación industrial estable y plurianual que dé continuidad a los proyectos de modernización y descarbonización más allá de los fondos europeos extraordinarios.
5. Mercado de trabajo. Una semana antes de la huelga general del 11N, Foment pide "regular el derecho de huelga mediante una ley orgánica que establezca su ejercicio, los límites y las garantías de acuerdo con la Constitución". También reclama una respuesta al absentismo. Considera que es necesario reforzar el diálogo social, garantizar una normativa estable y facilitar instrumentos de flexibilidad interna que preserven el empleo y la actividad productiva. Indica que uno de los principales retos es el aumento del absentismo y de las bajas laborales, que tiene consecuencias sobre la productividad empresarial y la sostenibilidad del sistema de protección social. Para abordarlo, propone reducir las listas de espera sanitarias, reforzar el papel de las mutuas, revisar el sistema de gestión de las incapacidades temporales y combatir los comportamientos fraudulentos, pero distinguiéndolos de las situaciones de enfermedad justificadas.
6. Inteligencia artificial. Indica que el reto es conseguir que estas tecnologías lleguen al conjunto del tejido empresarial, especialmente a las pymes. Foment propone impulsar proyectos estratégicos de colaboración público-privada en sectores como la industria, la salud, la logística, la movilidad, la energía y la agroalimentación. La cooperación entre grandes empresas, empresas emergentes, centros tecnológicos y universidades debe facilitar la transferencia de conocimiento, el desarrollo de soluciones propias y la adopción efectiva de tecnología.
7. Formación. Reiteran que es necesario reforzar la formación profesional dual, con una participación efectiva de las empresas y una mayor implicación de las pymes. La planificación formativa debe responder a las necesidades reales del mercado de trabajo.
8. Administración pública. En definitiva, menos burocracia y más eficiencia. Reclama simplificar los procedimientos, coordinar los permisos, reducir la documentación duplicada y establecer plazos de resolución transparentes y verificables. Indica que la digitalización y la inteligencia artificial deben contribuir a agilizar los expedientes, identificar cuellos de botella y unificar criterios, siempre con supervisión y responsabilidad pública. Subraya que es necesario mejorar la contratación pública para que refleje los costes reales de los servicios y facilite la participación de las pymes. En paralelo, también pide una financiación autonómica suficiente, transparente y estable.