España vuelve a ocupar la primera posición mundial en cuanto al número de laudos internacionales de inversión pendientes de cumplimiento. Según la quinta edición del Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones elaborado por el International Law Compliance Institute, el Estado acumula 25 casos que suman más de 2.000 millones de dólares, unos 1.750 millones de euros al cambio actual. El ranking sitúa a España por delante de Venezuela, que tiene 24 laudos impagados y obligaciones pendientes por 19.300 millones de dólares, y de Rusia, con 13 casos. A las indemnizaciones reconocidas en los laudos sin abonar, que superan los 2.000 millones de dólares, habría que añadir cerca de 600 millones de euros correspondientes a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes. Así lo recoge la nota metodológica del informe.

El estudio, publicado este mes por el think tank neerlandés dirigido por el jurista y académico Nikos Lavranos, analiza la situación de los arbitrajes internacionales de inversión entre estados e inversores. El texto subraya que España figura en cabeza en cuanto al número de incumplimientos, con una cifra que casi duplica los 13 registrados por Rusia. La situación española se enmarca, en buena parte, en los arbitrajes derivados de las reformas regulatorias en materia de renovables y de las controversias planteadas bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía. Estos litigios han generado un volumen importante de laudos que el Estado todavía no ha cumplido, lo que explica que el país aparezca recurrentemente en las primeras posiciones de este tipo de clasificaciones.

La complejidad de los laudos intraeuropeos

El informe considera especialmente compleja la ejecución de los laudos intraeuropeos, es decir, aquellos que se han dictado en litigios entre inversores y estados dentro de la Unión Europea. Esta complejidad deriva de las interpretaciones jurídicas sobre la compatibilidad de los arbitrajes de inversión con el derecho comunitario, que han generado dudas sobre su ejecutividad en algunos casos. Sin embargo, el documento apunta que las vías de ejecución fuera de la Unión Europea están ganando eficacia en jurisdicciones como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Singapur o Suiza. Esto significa que los inversores que han obtenido un laudo favorable pueden intentar ejecutarlo en países donde los tribunales reconocen estas decisiones, lo que aumenta la presión sobre los estados que no cumplen.

Al cierre de 2025, el estudio contabilizaba un total de 1.463 procedimientos de arbitraje de inversiones. De estos, 1.112 habían concluido, 311 seguían en tramitación y 40 se encontraban en una situación no determinada por cláusulas de confidencialidad. Del total de expedientes concluidos, el 38,3% acabó con una decisión favorable al Estado demandado y el 28,4% con una sentencia a favor de los inversores, mientras que el 17,3% se resolvió mediante acuerdo. En el caso de los arbitrajes administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, el 53% de las decisiones adoptadas en 2025 admitió total o parcialmente las reclamaciones de los inversores, frente al 31% que las rechazó.

Estos datos reflejan la importancia creciente de los arbitrajes de inversión y la necesidad de que los estados cumplan las decisiones que se derivan de ellos. El ILCI destaca que el aumento de los procedimientos y de los laudos emitidos eleva la relevancia del cumplimiento efectivo de las decisiones arbitrales. La entidad entiende que una controversia no queda plenamente resuelta hasta que el Estado cumple sus obligaciones, incluido el pago de las indemnizaciones cuando corresponda. Esta visión pone el acento en la responsabilidad de los estados de cumplir con los laudos y en la necesidad de garantizar que los inversores puedan hacer efectivos sus derechos. El caso de España, que vuelve a liderar el ranking en cuanto al número de laudos pendientes, es un ejemplo de cómo esta cuestión puede afectar la imagen de un país como destino de inversiones y su credibilidad en el ámbito internacional.