Dos juzgados de lo contencioso de Barcelona han dictado sentencias contradictorias sobre el teletrabajo de altos cargos de la Generalitat, concretamente, de los subdirectores generales. Por un lado, el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 ha avalado la decisión del Departamento de Presidencia de retirar esta modalidad de trabajo a distancia; pero, por el otro lado, el Juzgado Contencioso Administrativo número 7 ha declarado nulas las resoluciones del Departamento de Empresa y Trabajo por las cuales se dejaban sin efecto las autorizaciones de teletrabajo.

A principios de 2025, desde el Departamento de Presidencia, liderado por el consejero Albert Dalmau, se decidió revocar las autorizaciones de teletrabajo a los subdirectores generales como medida para mejorar la organización. El resto de departamentos del Govern replicaron esta decisión, pero desde el colectivo de subdirectores se presentaron alegaciones y, posteriormente, recursos ante el contencioso administrativo. Al final, mientras la jueza M. A. Llopis Vázquez, del número 14, ha avalado la retirada del teletrabajo ordenada por el Departamento de Albert Dalmau, el juez Benjamín Górriz, del número 7, ha declarado nulas las resoluciones en el mismo sentido dictadas desde el departamento de Miquel Sàmper. Estas resoluciones judiciales no son firmes porque todavía se está dentro del plazo de recursos.

Esta segunda sentencia, dictada el 16 de noviembre, estima el recurso de siete subdirectores generales de Empresa y Trabajo contra las resoluciones del secretario general del departamento, del 20 de marzo de 2025, que había desestimado sus reclamaciones contra la retirada del teletrabajo. El abogado que ha llevado el caso en representación de los subdirectores es Benet Salellas, exdiputado de la CUP.

El Juzgado de lo Contencioso número 7 considera que la Instrucción 1/2025, que ordenó la presencialidad de los subdirectores generales y de los puestos asimilados, va más allá de la potestad de autoorganización de la Administración. Según la resolución, la normativa que regula el teletrabajo para el conjunto del personal de la Generalitat, con las excepciones que establece expresamente, no excluye a los titulares de subdirecciones generales.

Por eso, el magistrado entiende que la instrucción no se limita a interpretar la normativa vigente, sino que introduce una excepción que no figura en la normativa y modifica su contenido. En consecuencia, considera que es nula de pleno derecho porque contraviene una disposición de rango superior.

La sentencia declara, por este motivo, la nulidad de las resoluciones del Departament d'Empresa i Treball. Sin embargo, no se pronuncia directamente sobre la nulidad general de la Instrucción 1/2025 porque considera que no tiene competencia para anular disposiciones generales de la Generalitat.

Esta resolución contrasta con la dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 14, que avaló la decisión del Departament de Presidència. En aquel caso, la magistrada consideró que el teletrabajo no es un derecho subjetivo de los empleados públicos con responsabilidades directivas, sino una modalidad de organización del servicio que la Administración puede revocar por necesidades organizativas. También descartó que la instrucción tuviera que ser objeto de negociación colectiva.