Esta semana, millones de españoles han empezado a pedir el borrador de la declaración de la renta de 2023, el momento de ajustar cuentas con el Estado, a menudo con la sensación de que pagamos demasiados impuestos. Sea cierto o no –en las comparaciones con Europa, la presión fiscal es más baja en el Estado–, también hay que ver dónde va a parar el dinero que pagamos con el IRPF, el IVA y el resto de impuestos que pagamos tanto los ciudadanos como las empresas.
Los países con un estado del bienestar avanzado destinan una parte muy importante de su gasto a cuestiones sociales. Es el caso de buena parte de Europa y también de España: el primer gasto es el pago de las pensiones, con más de 190.000 millones en 2023, casi el 40% del presupuesto del Estado. No obstante, la gran mayoría de este dinero no sale de los impuestos sino de las cotizaciones sociales que pagan tanto los trabajadores como las empresas a la Seguridad Social.
Si vamos directamente al gasto que se sufraga con impuestos, uno de cada cuatro euros fue a sanidad y educación, la gran mayoría a cargo de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias y lo pagan tanto con los impuestos propios –por ejemplo, el tramo autonómico del IRPF– como con las transferencias del Gobierno. Pero uno de los grandes gastos, tanto de la administración central del Estado como de las comunidades, es el retorno y los intereses de la deuda, que en el 2023 fue de casi 73.000 millones. Así, cuatro de cada diez euros de impuestos fueron a sanidad, educación y deuda.
La deuda pública se ha disparado en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, que hizo caer los ingresos públicos mientras disparaba el gasto. La autorización a España por parte de Bruselas para tener déficit público y los tipos de interés a cero durante años cronificaron la deuda y ahora, con la subida de los tipos, se ha encarecido el coste, ya que el gasto en deuda de las administraciones incluye tanto el retorno de los préstamos como el pago de los intereses.
El gasto social es el gran protagonista tanto de los presupuestos del Estado como de las comunidades autónomas. Estas últimas, como decíamos, sobre todo para sanidad y educación, que suman más de la mitad de su gasto total. Los servicios sociales también se sitúan entre sus principales gastos, con el 7,6% del total. A nivel del Estado, y al margen de las pensiones, las prestaciones suponen el 4,6% del gasto y el paro, el 4,4%. El acceso a la vivienda supone el 0,7% del gasto del Gobierno y el 1,3% del de las comunidades autónomas.
Las infraestructuras y el fomento de la economía, en segundo plano
Las políticas de fomento de la economía no brillan tanto como el gasto social. El gobierno de Pedro Sánchez presupuestó 12.600 millones para infraestructuras, por10.700 de los gobiernos autonómicos, pero eso incluye tanto nuevas inversiones, como alguna línea de AVE pendiente, como el mantenimiento de la red vial y ferroviaria. No pagar peajes tiene un coste, ya que las autopistas no se pagan solas, pero su peso en el presupuesto público no es tan alto.
En el conjunto de la administración del Estado y las comunidades autónomas, a infraestructuras se dedica el 4,2%; a I+D y digitalización, el 3,8%; a agricultura, pesca y alimentación, el 2,6%; a industria y energía, el 2,2%, y a comercio, turismo y pymes menos del 1%.
Otros gastos, como la justicia, la cultura y la política exterior, ocupan un lugar poco destacado en las prioridades de las administraciones españolas, que sí que gastan en defensa (2,2% del total) y seguridad ciudadana y prisiones (2,6%). Los gastos generales suponen el 6% del total de lo que gasta el Estado y el 3% de lo que gastan las comunidades autónomas. Y formar parte de la Unión Europa tiene un coste, ya que en 2023, España transfirió a Bruselas cerca de 18.000 millones de euros.
Esta clasificación es por tipo de gasto, pero se puede consultar de otras maneras para ver, por ejemplo, cuánto gasta el Estado en personal: 27.482 millones. La mayoría son los sueldos de los funcionarios, 18.762 millones, más 2.331 millones de los sueldos del personal laboral. El Estado paga, además, 4.679 millones de prestaciones y gastos sociales y 1.428 millones de incentivos al rendimiento. Los altos cargos nos cuestan 93,95 millones y el personal eventual, 74,5 millones. La Casa del rey –que no se incluye en los gastos de personal– cuesta 8,4 millones.