El Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para el 2023 una partida de 403 millones de euros para sufragar los gastos electorales de las elecciones municipales y las autonómicas de doce comunidades autónomas en el mes de mayo y las generales de final de año, según figura en el apartado del Ministerio del Interior.

347,04 millones solo para los comicios

La cantidad mencionada se divide en dos partes. Por una parte, están los 347,04 millones de euros que se destinarán a la celebración de los comicios mencionados. No obstante, y al tratarse de una partida ampliable, una vez que se convoca cualquier proceso electoral inicialmente no previsto, se solicita en el Ministerio de Hacienda y Función Pública la ampliación de crédito necesaria para sufragar los gastos que se deriven que sean competencia de la Administración General del Estado.

Al tratarse duna partida ampliable, en caso de producirse cualquier otra convocatoria anticipada, se tramitará ampliación por el importe necesario. Asimismo, se incluye un importe de 15.000 euros para hacer frente al mantenimiento del sistema Infoelectoral y otro subconcepto que se dota con 10.000 euros para la posible ejecución de sentencias.

56,06 millones para subvencionar los partidos

La otra parte de esta cifra corresponde a los 56,06 millones de euros al subvencionar los gastos electorales a los partidos políticos y conocer la celebración de procesos electorales. Esta partida se ha visto incrementada de los 49,86 millones de euros que se marcaban en relación con este ejercicio, en el que estuvo dotada con poco más de seis millones de euros. Así pues, para el ejercicio 2023, se ha incrementado el crédito para responder a anticipos del 30% y del 90% de las subvenciones para gastos electorales correspondientes a las elecciones municipales y el 30% de las correspondientes a las elecciones generales. Este crédito cuenta también con el carácter ampliable.

¿Por qué no dan el detalle por tipología?

Los presupuestos generales diferencian las partidas, anteriormente mencionadas, pero resulta complicado y, del todo imposible, saber el coste electoral en clave municipal únicamente, ya que mezcla todos los conceptos y tan solo lo diferencia por concepto, no por tipología de elecciones. El problema en la falta de cifras exactas ya lo encontramos en las últimas elecciones municipales del año 2019, que también coincidieron con autonómicas y europeas. El total, entonces, fue de 125 millones de euros. Si cogemos como punto de referencia esta cifra, la diferencia total con todas las actuales es de 278 millones, más del doble.

La subvención es estatal y va directamente a los partidos políticos u organizaciones electorales, no son fondos que van al ayuntamiento y se distribuyen por esta vía. La competencia para revisarlo es el Tribunal de Cuentas. Así pues, éste o en el caso catalán, la Sindicatura de Cuentas, hace una revisión intensa del presupuesto de la Generalitat. De todos modos, ni estos órganos ni el propio Ministerio del Interior del que emanan estas partidas presupuestarias da el detalle de cuánto dinero es para las municipales, las autonómicas y las generales.

En otro ejemplo, también encontramos el caso de la gestión y revisión de los entes municipales. El Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Cuentas no llega a revisar las cuentas municipales. De acuerdo con el último informe, este órgano tan sólo ha revisado las cuentas de forma completa en un municipio en el último año, Badia del Vallès. Tal y como nos explica el presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya, Antoni Gómez, "esto se debe a los recursos limitados ya que el trabajo de auditoría es una concentración de trabajo en un tiempo corto y requiere de una pirámide estructural, de juniores hasta socios, que no dispone la función pública. Por todo ello, resulta demasiado complicado realizar esta función desde la administración pública y eso es lo que se pide desde el propio y el Colegio pide que se cuente con los auditores privados para colaborar en la realización de auditorías sistemáticas de los ayuntamientos. Es como se hace en muchos países incluyendo Portugal. La sindicatura contrata a privados y sería ella que presenta resultados en el Parlament.

En este último aspecto y, más allá de los procesos electorales, los auditores de cuentas de Catalunya reclaman a los partidos políticos que se presenten en las elecciones municipales la práctica de auditorías externas sistemáticas de los ayuntamientos, como concreción de un pacto por la transparencia económica. La interpelación la han realizado a través de una carta del presidente dirigida a los responsables máximos de las diversas formaciones que concurren el próximo 28 de mayo, desde la convicción de que “la transparencia es garantía de confianza, de una buena gobernanza , de la consecución del bien común y del fortalecimiento del Estado de derecho” .

¿Cómo se reparte el coste final?

A nivel municipal, el precio puede variar según el tamaño de la población y de aquí repercute el coste que cada habitante acabe pagando. Por gastos electorales hay una subvención de 270,90 euros por cada concejal electo. Y se da una subvención de 0,54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de los miembros del cual, como mínimo, ha sido proclamado concejal. Por otra parte, por cada provincia, aquellos que contribuyan a las elecciones en, al menos, el 50% de sus municipios, pueden gastar, además, 150.301,11 euros más por cada una de las provincias en que cumplan la condición mencionada.

En paralelo, el Estado subvencionará en los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobra y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral. De esta manera, se abonarán 0,23 euros por elector en cada una de las circunscripciones en que haya obtenido representación a las Corporaciones Locales de qué se trate, siempre que la candidatura de referencia hubiera presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido también una representación de la mitad del total de electores.