El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha anunciado que los principales portales de alquiler están "bajo investigación" dentro de las actuaciones de control desplegadas sobre el mercado del alquiler. El objetivo es comprobar que los anuncios publicados en zonas con dificultades cumplen las normas de precios y los parámetros establecidos para los arrendamientos. Esta investigación supone un paso más en la estrategia del ministerio para garantizar el cumplimiento de la normativa en un sector que ha sido objeto de creciente atención por parte de las autoridades. Barragán ha hecho estas declaraciones durante la jornada que reúne en Madrid al grupo consultivo en materia de consumo de la Comisión Europea, presidido durante el actual mandato por la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
El secretario general ha explicado que estas actuaciones se desarrollan como continuación del trabajo realizado en materia de control de los alquileres y en aplicación de la Ley 12/2023, que permite comprobar el cumplimiento de las normas de precios y los parámetros de alquiler en los anuncios publicados en zonas con dificultades. Barragán ha recordado que ya se ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a una agencia inmobiliaria y que otras dos se enfrentan a un expediente. Estas sanciones forman parte de las actuaciones de control que el ministerio está llevando a cabo para garantizar que se cumple la normativa vigente en materia de alquileres. La imposición de estas multas refleja la voluntad de la administración de actuar contra las prácticas que vulneran los derechos de los consumidores y que distorsionan el mercado del alquiler.
Precios dinámicos y patrones oscuros
Durante su intervención, Barragán también se ha referido a los denominados precios dinámicos y a los riesgos que, según su parecer, plantean para los consumidores, especialmente por la utilización de "patrones oscuros" y la incorporación de cargos adicionales ocultos que incrementan el precio final. Estos mecanismos, a menudo poco transparentes, dificultan que los usuarios puedan comparar precios y tomar decisiones informadas. En este sentido, ha defendido que la supervisión debe extenderse no solo a lo que se ofrece a los consumidores, sino también a la forma en que se ofrece, incluyendo los algoritmos, las interfaces y los posibles incumplimientos. Según ha señalado, este nuevo enfoque se ha traducido en más de 50 sanciones, con multas por un importe total de 250 millones de euros.
Barragán ha puesto como ejemplo el caso de Airbnb, donde se retiraron casi 66.000 anuncios considerados ilegales y se impuso una sanción de 64 millones de euros. Según ha explicado, estos anuncios no tenían número de licencia y en muchos casos correspondían a profesionales que se presentaban como anfitriones particulares. Esta actuación forma parte de la estrategia del ministerio para garantizar que las plataformas de alquiler cumplan con las normativas vigentes y que los usuarios tengan acceso a información veraz y transparente sobre los alojamientos que se publican. Barragán también ha advertido que "una emergencia nunca puede convertirse en una oportunidad de beneficio económico" y ha aludido a los incrementos de precios superiores al 300% registrados en el transporte bajo demanda durante el apagón del año pasado. Estos aumentos, según ha señalado, son un ejemplo de los riesgos que conllevan los precios dinámicos cuando no hay una regulación adecuada.
En este contexto, ha anunciado que volverán a presentar el decreto destinado a regular las subidas de precios en situaciones de emergencia, que fue derogado por cinco votos. Esta iniciativa pretende establecer límites a los incrementos de precios en momentos de crisis y garantizar que los consumidores no se vean perjudicados por prácticas abusivas. En conclusión, Barragán ha defendido que los parámetros utilizados para fijar los precios dinámicos deben ser transparentes y comunicarse a los consumidores. Esta exigencia de transparencia es clave para que los usuarios puedan entender cómo se calculan los precios que se les ofrecen y puedan tomar decisiones informadas. La falta de transparencia en este ámbito, según el secretario general, es uno de los principales problemas que hay que abordar para proteger los derechos de los consumidores.