La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de medicamentos en España, tanto a escala minorista como mayorista. El informe cuantifica los beneficios económicos y laborales que se derivarían de la aplicación de diversas medidas para mejorar la eficiencia y la competencia en el sector, en beneficio de los pacientes y de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Según las estimaciones del organismo, si se impulsara el uso de fármacos genéricos hasta alcanzar los niveles de otros países europeos, se conseguiría un ahorro anual de 1.800 millones de euros.
El informe señala que España mantiene una de las regulaciones más restrictivas del sector farmacéutico según la OCDE, tanto en el ámbito mayorista como en el minorista. Competencia recomienda reforzar la evaluación farmacológica y económica de los medicamentos innovadores con patente, impulsar la competencia en los medicamentos sin patente favoreciendo una penetración más elevada de los genéricos y biosimilares, y que la retribución de los mayoristas y minoristas dependa en grado más alto de la calidad del servicio prestado.
Según datos de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, en España estos fármacos se sitúan aún lejos de la media europea, que se encuentra alrededor del 65% en unidades y del 25% en valor. En España, estos porcentajes se reducen al 21% y al 40%, respectivamente. Competencia calcula que, si se llegara a un nivel de penetración del 70% similar al de otros países europeos, el ahorro anual podría alcanzar los 1.800 millones de euros.
Flexibilización de la apertura de farmacias y creación de empleo
En el ámbito minorista, la CNMC propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio. El organismo toma como referencia la experiencia de Navarra, que ofrece una regulación de mínimos desde el año 2000. A partir de esta experiencia, Competencia estima que flexibilizar la apertura de farmacias en el resto de comunidades autónomas permitiría crear unas 20.000 nuevas farmacias al cabo de diez años, así como 45.000 nuevos puestos de trabajo, la mayoría de ellos cualificados.
El informe también cuantifica los beneficios de liberalizar la venta por internet de todos los tipos de medicamentos bajo supervisión técnica. Según los cálculos de la CNMC, esta medida ahorraría a cada ciudadano una media de 84 minutos al año en desplazamientos, tiempo que "podría destinar al ocio o a otras actividades". El organismo defiende que la venta en línea, debidamente regulada y supervisada, no compromete la seguridad de los pacientes y a la vez mejora la accesibilidad a los medicamentos.
Rechazo del sector farmacéutico
Competencia también recuerda la importancia de seguir otras recomendaciones ya formuladas en informes anteriores, como reformar el sistema de retribución en la cadena de distribución para que se base en los servicios prestados y la calidad, y no únicamente en el precio del medicamento. Además, plantea eliminar la colegiación obligatoria para los farmacéuticos que trabajan en una oficina de farmacia, así como las restricciones a la propiedad y titularidad de las farmacias, lo que permite su integración horizontal y vertical para aprovechar economías de escala.
Las propuestas de la CNMC ya han provocado el rechazo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, que defiende el modelo actual de distribución y considera que las medidas propuestas pondrían en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Desde el sector advierten que una liberalización excesiva podría comportar el cierre de farmacias en zonas rurales y la concentración de la actividad en áreas urbanas, en detrimento de la cohesión territorial.
El informe de Competencia, sin embargo, insiste en que sus recomendaciones están orientadas a mejorar la eficiencia del sistema sin comprometer la calidad. La CNMC ha puesto sus conclusiones a disposición del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de planificación farmacéutica. El debate sobre el futuro del modelo de distribución de medicamentos en España queda así abierto, con cifras concretas sobre la mesa y posiciones enfrentadas entre el organismo regulador y los representantes del sector.