El Consejo Económico y Social (CES) -órgano consultivo del Gobierno en el que participan los sindicatos, las patronales y otras organizaciones como consumidores, agricultores o pescadores- ha advertido este miércoles al Gobierno de que la implantación de la “cita previa” para la mayoría de los servicios públicos está “provocando inaccesibilidad e insatisfacción creciente en el ámbito de los servicios públicos de atención al ciudadano”. Tal advertencia se incluye en la Memoria socioeconómica y laboral 2022 que el CES está obligada a elaborar todos los años, que dice textualmente que algunos de los trámites "revisten una considerable complejidad, lo que dificulta las relaciones de las personas usuarias con las administraciones públicas, generando listas de espera en el acceso a servicios e insatisfacción con su prestación".

Además, Antón Costas, presidente del CES, ha incidido durante la presentación de la Memoria en la necesidad de atajar la pobreza infantil, no solo por “una cuestión de justicia social” -ha dicho- “sino también por necesidades económicas”. Costas ha declarado que este país no se puede permitir perder el potencial laboral de todos los niños que, por falta de recursos, no puedan acceder a una formación de calidad. Un problema que, ha remarcado, juega un papel a medio plazo, pues la inversión de los fondos Next Generation generará una profunda transformación del mercado laboral, demandando gente muy cualificada, para lo cual España debería prepararse con medidas que, en su opinión, deben abordar también la formación de los niños en riesgo de pobreza.

Respecto a la “cita previa en los servicios sociales”, la Memoria del CES señala que la digitalización está trayendo grandes beneficios a los consumidores y usuarios, pero también “está generando algunos perjuicios en términos de acceso a servicios, especialmente a los prestados por las administraciones públicas que, sobre todo, a raíz de la pandemia, han incrementado el número de trámites que implican acceso digital”. En este sentido, señala que el “sistema de organización de la atención ciudadana mediante un servicio de cita previa accesible solo por vía telemática y la falta de intuitividad / accesibilidad de las plataformas dispuestas para el acceso a los servicios que requieren trámites administrativos, añadido a la complejidad de estos últimos en algunos casos, han provocado inaccesibilidad e insatisfacción creciente en el ámbito de los servicios públicos de atención al ciudadano”.

Aumento de la brecha digital

Aunque el organismo consultivo del Gobierno reconoce que la atención ciudadana mediante un servicio de cita previa responde a criterios de racionalidad y tiene una indudable eficacia en la gestión de los servicios públicos en cualquier ámbito de gestión, sin embargo, “ahonda en la llamada brecha digital” añadiendo vulnerabilidad a algunos segmentos de población cuando dicho sistema solo es accesible de forma telemática. El CES señala que este canal de acceso se amplió enormemente con la pandemia con el objetivo de mantener el funcionamiento de los servicios en condiciones de seguridad para las personas usuarias y trabajadoras, como recuerda el Defensor de Pueblo en su Informe 2022.

A esta circunstancia, que en muchos casos no se ha revertido una vez superadas las limitaciones presenciales impuestas por la pandemia, el CES considera que debe añadirse la falta de intuitividad / accesibilidad de las propias plataformas de muchos organismos oficiales que dan acceso a los servicios que requieren trámites administrativos, “algunos de los cuales revisten una considerable complejidad, lo que dificulta las relaciones de las personas usuarias con las Administraciones públicas, generando listas de espera en el acceso a servicios e insatisfacción con su prestación”.

Las empresas, culpables de la inflación

La Memoria del CES hace un amplio análisis de todo lo acontecido cada año, en este caso de 2022, y en la primera parte de 2023 sobre todas aquellas cuestiones que se encuentran dentro del espectro económico, laboral, pero igualmente social. En la parte económica, la inflación juega un papel determinante durante el pasado año por los niveles alcanzados y su impacto en las economías de los españoles. El CES señala claramente que los máximos responsables de las subidas de precios son los excedentes de las empresas, responsables del 90,7% del IPC, mientras que a los salarios solo se les puede imputar el 10,9%. El CES ha calculado que los beneficios de las empresas están ahora un 3,1% por encima del nivel de 2019, mientras que los salarios están un 2,9% por debajo.

Pero, conscientes de las pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores, el presidente de la Comisión de la Memoria del CES y consejero del organismo, Raymond Torres, ha señalado que hay que estar vigilantes para que los incrementos salariales que se puedan producir este año no generen efectos de segunda ronda, lo que implicaría que las empresas, ante la subida de los salarios, impulsen nuevos incrementos de precios en sus productos. Lo que generaría más inflación. Para evitarlo, señala como muy positivo el acuerdo salarial (AENC) alcanzado por empresarios y sindicatos que permiten subir salarios de una manera organizada.