La propuesta del Ministerio de Trabajo de subir un 5,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas y 18.004 euros anuales, ha provocado reacciones enfrentadas entre las organizaciones empresariales y sindicales. Mientras CEOE y CEPYME rechazan el momento elegido por el Gobierno para plantear el incremento y piden que se aplace la decisión hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre, CCOO y UGT valoran positivamente la subida, aunque exigen medidas para garantizar que llegue íntegramente a los trabajadores.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado a conocer hoy el borrador de real decreto que recoge un incremento del 5,3% para 2027. La propuesta sitúa el SMI en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, 42,87 euros diarios y 18.004 euros anuales, lo que supone 910 euros más al año que en 2026. El porcentaje planteado supera en un 4,9% el recomendado por la comisión de expertos que asesora al Gobierno de España.
CEOE y CEPYME consideran que la propuesta supone una utilización política de la capacidad legislativa del Ejecutivo en vísperas de las elecciones generales. Las organizaciones critican en un comunicado que el Ministerio convocara a los interlocutores sociales para presentar el informe de los expertos y celebrar un supuesto proceso de diálogo, para después anunciar la subida sin haber articulado ninguna propuesta en la reunión.
A juicio de las patronales, lo adecuado sería que el Gobierno que resulte elegido el próximo 29 de noviembre, independientemente de su signo político, adopte una resolución antes de finalizar 2026, respetando los plazos legales. También defienden que la subida debe ser compatible con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad y productividad de las empresas y el buen funcionamiento de la negociación colectiva.
CEOE y CEPYME también cuestionan que el Gobierno impulse subidas salariales mientras mantiene sin resolver desde hace casi una década la actualización de los contratos públicos, lo que impide a las empresas adjudicatarias repercutir los mayores costes laborales. Por ello, emplazan al Ejecutivo que salga de las urnas a negociar la actualización del SMI a partir de diciembre.
CCOO y UGT respaldan el incremento, pero piden garantías
Por su parte, CCOO y UGT valoran positivamente la propuesta de Trabajo y consideran que da continuidad a la política de mejora de los salarios más bajos desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Los sindicatos destacan que el SMI acumularía un incremento cercano al 75% desde 2018, cuando se situaba en 735,90 euros mensuales, hasta los 1.286 euros planteados para 2027.
Ambas organizaciones defienden que esta evolución ha sido compatible con la creación de empleo y ha contribuido a reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género, al beneficiar especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores de los sectores más precarizados.
No obstante, los sindicatos advierten de que el incremento debe ir acompañado de medidas que garanticen que la subida llega efectivamente a las nóminas. En este sentido, exigen una modificación de la Ley del IRPF para evitar que parte de la mejora salarial se pierda por la vía fiscal y reclaman una adaptación estable de la normativa para que las subidas del SMI no impliquen una tributación excesiva ni para quienes cobran el mínimo ni para quienes perciben salarios inmediatamente superiores.
Otra de sus principales reivindicaciones es que el Gobierno cumpla el compromiso adquirido en el acuerdo del SMI firmado el pasado 29 de enero y apruebe la nueva regulación sobre compensación y absorción. CCOO y UGT denuncian que la normativa actual permite a las empresas absorber las subidas del salario mínimo mediante complementos salariales como los de antigüedad, nocturnidad, turnicidad o productividad, de manera que muchos trabajadores con sueldos próximos al mínimo no perciben una mejora efectiva en sus nóminas.