La falta de acuerdo político para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2024, que ha terminado provocando la convocatoria de elecciones anticipadas el 12 de mayo, deja una retahíla de medidas que no se podrán llevar a cabo, algunas de las cuales destacó Pere Aragonès, como las que combaten la sequía. En grandes cifras, los 2.443 millones de incremento de gasto primario (3.133 si se tienen en cuenta las 206 entidades y empresas públicas que dependen de la Generalitat), desaparecen, y con ellos, ayudas a la vivienda, a las empresas, a la investigación y a la formación, entre otras.
Las conselleries hacen números desde este miércoles por la tarde para ver qué podrán salvar de los presupuestos y qué no y dónde centrarán los esfuerzos que pueden hacer antes del 12-M. Los departamentos consultados responden con poca concreción, pero, en general, todo lo que es gasto e inversiones que dependen de los nuevos presupuestos y que se incluyen en la ley de acompañamiento, no verá la luz. Se salvará el gasto corriente, los programas vigentes y las inversiones vinculadas a planes plurianuales aprobados en ejercicios anteriores.
Es el caso de algunas inversiones en infraestructuras, que es probable que la conselleria de Territori pueda mantener, pero lo que no podrá salvar son las nuevas políticas de vivienda, dotadas con 800 millones de euros. El grueso son 600 millones para construir, comprar y adecuar vivienda para alquiler asequible, pero también hay ayudas al alquiler para jóvenes y colectivos vulnerables.
El acceso a la vivienda será más caro para las personas que se podrían beneficiar de las ayudas y no lo harán, pero también perderán renta por otra parte: la reducción de un punto del IRPF para las rentas de hasta 33.000 euros tampoco verá la luz. La reducción del 10,5% al 9,5% del primer tramo de la parte autonómica del impuesto sobre la renta estaba incluida en el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, la llamada ley de acompañamiento, que no se llegó ni a votar después del 'no' del Parlament a los presupuestos.
La rebaja de un punto del IRPF a los sueldos de hasta 33.000 euros anuales no verá la luz
El ámbito del apoyo a la empresa y la emprendeduría también sufrirá. El Govern quería dotar al Pacte Nacional per a la Indústria con 697 millones, pero se quedará lejos. 36 millones para potenciar la I+D y 24 millones más para las exportaciones de las empresas catalanas, quedarán en el aire, así como 50 millones para cubrir una carencia que el mundo patronal lleva años denunciando: la falta de personas formadas en las competencias que necesitan. Todavía en el ámbito del empleo, queda en el aire también la reforma del SOC, con partidas millonarias para promover la inserción laboral y reforzar la formación continua y ocupacional.
Lo que sí podrá salvar son los 100 millones del Fons Arrels para potenciar que empresas estratégicas se queden en el territorio, que ya ha sido aprobado por el Govern. La mitad, 50 millones, los pone el Institut Català de Finances (ICF), que también dedicará 640 millones a préstamos y avales y 41 a capital riesgo, que también salvará, total o parcialmente.
Quedarán sin ejecutar también una parte de los 1.001 millones para investigación, desarrollo e innovación. Por ejemplo, la ley de la ciencia, que se empezó a desplegar a principios del año pasado, quedará coja, así como el arco científico de investigación y las infraestructuras de conocimiento, a lo que se tenían que destinar 195 millones de euros.
La sequía y el sector agroalimentario, también damnificados
El sector agroalimentario, que se ha levantado en los últimos meses para denunciar las dificultades que sufre para vivir de la tierra, y que gracias a ello pactó algunas medidas y ayudas con el conseller David Mascort, también se quedarán con la miel en los labios. De los 572 millones de los presupuestos de apoyo al sector, los 87 millones de ayudas a la transformación no verán la luz, entre otras partidas.
Pero el gran reto de la conselleria de Acció Climàtica era combatir la sequía, a lo que se iban a destinar 1.045 millones y que —como ha ido remarcando Pere Aragonès desde el miércoles por la tarde cada vez que ha tenido un micrófono delante— no se podrán ejecutar. Eso incluye 327 millones para ampliar y mantener las infraestructuras de regeneración y desalinización, entre los que había 126 millones para la rehabilitación de la Estación de tratamiento de agua potable del Ter, además de 32 millones para mejorar el transporte de agua y 27 para ayudar a los ayuntamientos a mejorar el suministro.
En el ámbito social, la educación y la sanidad, las dos grandes partidas de gasto de la Generalitat, también sufrirán. Los presupuestos incluían 67 millones para prorrogar la gratuidad de las guarderías, 70 millones para el alumnado vulnerable, la reversión de los recortes laborales y salariales y la contratación de 399 profesionales para la escuela inclusiva. En salud, había 355 millones para mejorar las condiciones de los sanitarios, 190 millones para hacer más ágil la atención primaria y la ampliación del Hospital del Mar. Tampoco verá la luz el fondo extraordinario de salud de 800 millones para pagar gasto diferido.