Durante el presente 2023 (con datos hasta octubre), han cobrado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 896.600 parados el subsidio de desempleo cada mes, según datos del Ministerio de Trabajo. Con la reforma de este tipo de prestación aprobado este martes por el Consejo de Ministros aumentarán un 45% (unos 400.000 parados más) al incluirse nuevos colectivos con derecho a la prestación asistencial, según estimaciones del Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Una prestación que tiene un coste anual para el SEPE de 7.600 millones de euros.
De los 400.000 futuros beneficiarios, el principal colectivo lo componen los trabajadores eventuales agrarios, que actualmente solo está vigente en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía. A partir de la entrada en vigor de la nueva norma -con carácter inminente al tratarse de un Real Decreto-Ley que permite que la reforma se apruebe antes de terminar el año para cumplir con Bruselas-, los jornaleros del campo del resto de España se podrán acoger al subsidio agrario, lo que suponen unas 250.000 personas que se añadirán a los 82.203 beneficiarios mensuales en Andalucía y Extremadura. Se trata de un compromiso adquirido en 2011 (con José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, en el Gobierno) en el acuerdo de diálogo social para la integración del REASS en el Régimen General, que se mantenía incumplido hasta la fecha.
El segundo colectivo es el de parados menores de 45 años que hayan agotado la prestación contributiva máxima, aunque no tengan cargas familiares, que pueden ser otras 150.000 personas al mes, según Trabajo. Se rompe, así, lo que Díaz ha considerado una discriminación, pues actualmente tienen derecho los menores de 45 años que, habiendo agotado el paro contributivo, tengan cargas familiares.
El equipo de Trabajo ya había anunciado que se ampliaría a estos dos colectivos el derecho al subsidio por desempleo. No obstante, según se conoció ayer, se suman otros dos colectivos, aunque de menor volumen: por un lado, aquellas personas con empleos transfronterizos que trabajan en Ceuta y Melilla y, por otro, se mejora el acceso y se amplía la cobertura para desempleados que no acreditan cotizaciones suficientes para acceder a prestaciones contributivas, aun sin cargas familiares. Todos ellos tendrán derecho a una mayor prestación que la actual de 480 euros al mes para 2023, aunque ligado al IPREM y, por tanto, con actualizaciones anuales.
Más beneficiarios
Aunque el subsidio podría abrirse a más beneficiarios. Los sindicatos CC. OO. y UGT valoraron en un comunicado conjunto la reforma como positiva, aunque se guardan su opinión hasta conocer la letra pequeña que aparecerá en el Boletín Oficial del Estado. Y recuerdan que este texto no se ha sometido al diálogo social, pues aclaran que en la única reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo se presentó exclusivamente la norma que pretendía aprobar el equipo de Díaz y no, la que finalmente se ha pactado con el Ministerio de Economía y se ha sometido al Consejo de Ministros. Cabe recordar que el Gobierno tenía prisa por aprobar la norma antes de que finalice 2023, pues está incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
En este sentido, a pesar de considerar que la línea es positiva, los sindicatos entienden que es insuficiente, y reclaman algunas reformas que incluyen nuevos colectivos. Así, las organizaciones sindicales estiman insuficiente la ampliación del acceso a los subsidios por desempleo a un mayor número de personas con menos de 45 años, “si es que se mantiene la limitación a quienes hayan agotado una prestación contributiva de 360 días, lo que exige tres años de cotización que puede resultar excesivo en muchos casos”, apuntan los sindicatos.
Les preocupa, igualmente, la situación de algo más de 120.000 beneficiarios que cada año se veían protegidos por alguno de los subsidios de desempleo que “ahora parecen querer remitirse al Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin que cuenten con una norma puente”. En este sentido, solicitan que se les garantice la continuidad de la protección social y que no queden excluidas del nuevo sistema o de los mecanismos de inserción laboral vinculados a la protección por desempleo.
En concreto, los sindicatos hacen referencia a varios colectivos que hoy cobran el subsidio, como los 97.874 beneficiarios mensuales de la Renta Activa de Inserción (RAI), los que cobran el subsidio especial por desempleo (13.868), los emigrantes españoles retornados, las personas a las que se revisa una incapacidad permanente y vuelven a estar disponibles para el empleo, pero ya no mantienen la reserva de puesto de trabajo en sus empresas (4-540) o las personas liberadas de prisión (7.200).
Tiempo parcial
Caso aparte, son aquellos trabajadores que hubiesen cotizado por contratos a tiempo parcial, cuya prestación queda reducida, actualmente, por debajo de los 480 euros. Los sindicatos llevan reclamando tiempo que se elimine esta percepción parcial, situación que afecta a los subsidios más feminizados y que, “sin un coste excesivo, permitiría acabar con esa injusta situación de discriminación que hoy afecta a un número comprendido entre 70.000 y 80.000 personas”, apuntan los sindicatos.
En la actualidad, el perfil más numeroso del perceptor de la prestación del subsidio por desempleo es el de un trabajador mayor de 52 años que han agotado su prestación contributiva, con una media mensual de 433.400 beneficiarios al mes; seguido por los menores de esa edad que han agotado su prestación contributiva, con 137.600, y los que no han cotizado los meses suficientes para tener derecho a una prestación contributiva, con 120.554. Todos estos colectivos, junto con las personas que han salido de prisión y los del subsidio extraordinario, cobran la modalidad de subsidio de desempleo.
Las otras modalidades actuales de prestación no contributiva son el subsidio agrario, que actualmente cobran 82.200, pero que tras la reforma se colocarán en 330.000 beneficiarios, la segunda más numerosa tras los mayores de 53 años y los trabajadores acogidos a la Renta de Inserción Agraria. Quedan fuera los perceptores de Renta Agraria que, aunque abona el SEPE, no estarían dentro de la categoría de prestación asistencial, con otros 74.300 beneficiarios.