La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha mostrado su frontal desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de bloquear la tramitación de una proposición de ley que tenía como objetivo mejorar el acceso de los trabajadores por cuenta propia a la prestación por cese de actividad. La iniciativa, que fue registrada en el Congreso de los Diputados por Junts, proponía una simplificación sustancial de los requisitos actuales para poder acceder a esta protección social, eliminando la necesidad de acreditar determinadas causas económicas, técnicas u organizativas para justificar el cierre del negocio.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, el texto vetado por el Gobierno recogía buena parte de las reivindicaciones que el colectivo de autónomos ha trasladado reiteradamente en los últimos años a las administraciones. La decisión del Ejecutivo, fundamentada en el argumento del impacto presupuestario que podría tener la medida, supone, bajo el criterio de Autcat, un obstáculo a un consenso de base que se había ido construyendo entre diferentes fuerzas políticas y organizaciones representativas del sector.

El Gobierno ha justificado el bloqueo de la proposición de ley en la potestad que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución, que permite vetar aquellas iniciativas parlamentarias que puedan tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas, ya sea por un incremento del gasto o por una reducción de los ingresos. En este caso, el Ejecutivo considera que facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad supondría un aumento del gasto en protección social que no está previsto en las cuentas actuales del Estado.

Desde Autcat, sin embargo, se cuestiona que el argumento presupuestario sea suficiente para frenar una reforma que consideran urgente y necesaria. La organización defiende que el debate de fondo no debería limitarse a una cuestión de números, sino que debería situar en el centro la realidad del trabajo autónomo, que se caracteriza por una protección social insuficiente y poco accesible. La presidenta de la entidad, Marta Sánchez Ugart, ha alertado de que a menudo se legisla pensando en perfiles empresariales que no representan la mayoría de autónomos y ha reclamado normas que partan del día a día y que tengan en cuenta la fragilidad económica de buena parte del colectivo.

Los autónomos denuncian una desprotección estructural

La organización recuerda que el trabajo autónomo es un pilar esencial de la economía catalana, con cientos de miles de profesionales que generan empleo y riqueza. A pesar de esta relevancia, el colectivo asegura que sufre un déficit histórico de protección social que se manifiesta en el acceso complicado a prestaciones como la de cese de actividad, unos requisitos burocráticos pesados y unas cotizaciones que a menudo no se corresponden con los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia.

Según datos que ha ido recogiendo Autcat en sus estudios y posicionamientos, una parte muy significativa de los autónomos trabaja con ingresos bajos y en condiciones de vulnerabilidad. Esta situación se produce en un contexto estructural de fragilidad económica que se ve agravada por la ausencia de un sistema de protección eficiente y accesible. La organización defiende que esta falta de cobertura no es solo una cuestión social, sino que también condiciona directamente la dinámica económica, ya que incrementa el riesgo asociado a la actividad por cuenta propia, desincentiva el emprendimiento y limita la capacidad de recuperación de los negocios en momentos de dificultad.

La proposición de ley que el Gobierno ha decidido vetar no es una iniciativa surgida de manera improvisada, sino que recoge buena parte de las demandas que el colectivo de autónomos ha trasladado reiteradamente en los últimos años a través de sus organizaciones representativas. Autcat ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de simplificar el acceso a la protección social, reducir las cargas administrativas y adecuar el sistema a la realidad de los trabajadores por cuenta propia.

Autcat considera que, fruto de este trabajo sostenido de interlocución con los grupos parlamentarios, una parte significativa de las fuerzas políticas con representación en el Congreso había compartido el diagnóstico sobre la situación del colectivo y había reconocido la necesidad de avanzar hacia un modelo más equilibrado y accesible. La decisión de bloquear la tramitación de la propuesta, sin embargo, impide, según Autcat, dar continuidad a este consenso de base y limita la oportunidad de abordar una reforma que la organización considera ampliamente reclamada y estructuralmente necesaria.

El impacto sobre el tejido productivo

Para Autcat, la falta de un sistema de protección eficiente no es solo una cuestión social, sino un factor que condiciona directamente la dinámica económica del conjunto del país. La organización señala que la ausencia de cobertura adecuada incrementa el riesgo asociado a la actividad por cuenta propia, lo cual desincentiva el emprendimiento y la continuidad de negocios que, en otras circunstancias, podrían ser viables. Además, limita la capacidad de recuperación y reorientación empresarial de los autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio por causas sobrevenidas.

Este debilitamiento de la base del tejido productivo tiene consecuencias especialmente graves en el segmento de las microempresas, que son las que tradicionalmente han tenido más dificultades para acceder a las prestaciones sociales. La organización defiende que impedir la tramitación de propuestas orientadas a revisar este modelo supone no abordar un debate necesario desde una perspectiva económica y de eficiencia del sistema. La sostenibilidad del trabajo autónomo a largo plazo depende, según Autcat, de disponer de un marco normativo coherente, accesible y alineado con la realidad empresarial del colectivo.

La organización insiste en la necesidad de impulsar una reforma integral del régimen de trabajo autónomo que permita adecuar el sistema a la realidad actual. Esta reforma debería incluir, entre otros ejes, una simplificación administrativa que reduzca las cargas burocráticas que pesan sobre los autónomos, una mejora efectiva de la protección social que garantice el acceso a prestaciones en situaciones de vulnerabilidad, un ajuste entre las cotizaciones y las prestaciones que evite sobrecostes injustificados y un entorno regulatorio que favorezca la viabilidad de los negocios por cuenta propia.