Cada autónomo destina unas 200 horas y 3.000 euros al año a los trámites burocráticos, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), entidad adscrita a la CEOE. Esta organización ha calculado que, en el conjunto de Catalunya, cumplir con la normativa les cuesta 1.724 millones de euros y más de 114 millones de horas.
Ante estos datos, ATA ha denunciado lo que ha calificado de "insoportable carga" que tienen que afrontar los trabajadores por cuenta propia para cumplir con la administración.
Según su último barómetro, correspondiente a 2025, las "trabas" burocráticas "no solo suponen un coste añadido" y una "pérdida de tiempo productivo", sino que también "disminuyen drásticamente la capacidad de conciliación". Y reiteran la exigencia de reducir la burocracia.
En diciembre pasado, ATA interpuso una denuncia contra el gobierno español ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva que permitiría eximir del IVA a los autónomos y pymes que facturen menos de 85.000 euros anuales, el llamado régimen de IVA franquiciado.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor (imagen superior), justificó esta denuncia por considerar que el gobierno de Pedro Sánchez "vuelve a discriminar a los autónomos españoles respecto a los autónomos europeos", ya que "un autónomo francés o un italiano, o una empresa francesa o italiana, por ejemplo, que factura menos de 85.000 euros, no está obligada a repercutir IVA", y esto ya se hace "en toda Europa", a excepción de España, que "no lo ha hecho".