La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que el gasto de la Administración Central en sentencias ascendió a 19.407 millones durante el periodo 2014-2025, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones.
El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado este miércoles su segunda opinión sobre riesgos fiscales, en la que profundiza en el análisis iniciado en 2025 sobre riesgos macroeconómico, ambientales y legales. Además, ha ampliado su evaluación a dos nuevos ámbitos: las garantías públicas y las empresas públicas.
La AIReF ha cuantificado que, en estos años recientes, las sentencias judiciales contra el Estado tuvieron un impacto conjunto sobre el déficit público superior a 14.400 millones de euros. En concreto, el efecto ascendió a más de 11.200 millones en 2024, el 0,7% del PIB , y a 3.100 millones en 2025.
Desde la AIReF destacan el volumen que ha supuesto, por ejemplo en 2024, la sentencia por el IRPF de pensionistas de mutualidades laborales (casi 6.000 millones de euros) o por la inconstitucionalidad de la reforma del impuesto sobre sociedades (más de 3.000 millones).
De cara al futuro, el mayor riesgo pendiente ahora y que además presenta un panorama judicial bastante complejo, según la AIReF, es la declaración como contrario a la normativa comunitaria del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Hasta ahora, se ha registrado un impacto en el déficit en 2026 por importe de 316 millones, más intereses.
Con todo, la AIReF ha insistido en la necesidad de reforzar la recopilación, actualización y transparencia de la información relativa a los procedimientos judiciales con posible impacto fiscal.
65.000 millones desde 2005 por desastres naturales
En su análisis, la AIReF también ha actualizado el coste fiscal asociado a desastres naturales y otros eventos excepcionales, que sitúa en 65.085 millones de euros entre 2005 y 2025 --a precios de 2023--.
Esta cifra incluye el gasto destinado a obras de emergencia y ayudas a damnificados (16.500 millones), las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros por riesgos hidrológicos, meteorológicos y geofísicos (12.800 millones) y otros costes de respuesta como los asociados al Covid, con un coste superior a 35.000 millones.
Como ejemplo, la AIReF apunta a que el impacto de la dana de Valencia en octubre de 2025 habría supuesto más de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia y otras medidas, además de unos 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio.
Para mejorar el análisis de estos riesgos, la AIReF ha planteado mejorar las fuentes de información sobre desastres naturales, hacer explícito su coste fiscal en los Presupuestos, crear una base de datos del coste fiscal de los costes naturales y elaborar estrategias públicas de gestión de estos riesgos, tanto en la Administración Central como en las comunidades autónomas.