La Generalitat pondrá en marcha este junio el programa Arrel, una línea de ayudas para crear y mantener comercios en micropueblos catalanes. El objetivo es fijar la actividad, reforzar la cohesión social y combatir la despoblación. El programa, dotado con 2,1 millones de euros, apuesta especialmente por los establecimientos multiservicio, unos espacios que combinan restauración, servicios y áreas de encuentro.
Uno de los ejemplos que encaja con este modelo es el Sindicat d'Olvan, en el Berguedà. Según informa la ACN, este micropueblo ha reconvertido el antiguo edificio de la Unió Obrera en una plataforma de servicios comunitarios que combina agrotienda, cafetería, espacios de teletrabajo, actividades culturales y una cocina municipal que sirve de media 100 comidas diarias.
Catalunya cuenta actualmente con 590 municipios rurales, de los cuales 476 tienen menos de un millar de habitantes. Estos micropueblos suponen más de la mitad de los municipios catalanes y casi la mitad del territorio en superficie, pero solo concentran el 2,3% de la población.
Según un estudio de la Generalitat, el 36,7% de estos municipios no tienen ningún establecimiento de alimentación y el 13,7% tampoco disponen de restauración. Por eso, la iniciativa de la Generalitat quiere priorizar los municipios con menos población y aquellos que no tienen oferta comercial alimentaria.
De estos micropueblos, solo el 53,8% dispone de escuela primaria. Los autores del estudio indican que la falta de escuelas y servicios “reduce el atractivo para la llegada de familias jóvenes” y, por tanto, aumenta el proceso de envejecimiento, con una falta de renovación generacional. Y un dato más: en un 80,9% de los micropueblos no hay ningún punto establecido para la recogida de paquetería, lo que constituye un problema para el comercio electrónico.
El programa se articulará en tres líneas de ayudas. La primera será dirigida a los entes locales para que puedan hacer obras y crear nuevos establecimientos. La subvención podrá cubrir hasta el 80% de la inversión con un máximo de 18.000 euros por proyecto. En este ámbito, la idea es que los ayuntamientos busquen vía concurso un emprendedor y que lo acompañen durante todo el proceso, sin buscar necesariamente un rédito económico del negocio.
La segunda línea dará apoyo al funcionamiento y consolidación de establecimientos impulsados por los ayuntamientos, mientras que la tercera se dirigirá a negocios privados ya existentes en municipios rurales. En estos dos casos, las subvenciones cubrirán hasta el 50% de los gastos con un tope de 5.000 euros.
Según las previsiones del plan, de carácter anual, los 2,1 millones podrán acompañar unos 50 proyectos este 2026. Asimismo, esta primera convocatoria se lanzará el 8 de junio, para que pueda haber una resolución provisional en julio, antes de vacaciones.
Las ayudas permitirán financiar desde obras y equipamientos hasta gastos corrientes como personal, suministros, márketing o herramientas digitales. Además, el programa incorpora un dispositivo de acompañamiento técnico de las cámaras de comercio para ayudar a la definición del modelo de negocio, la viabilidad o la captación de gestores.
Uno de los ejemplos que encaja con el modelo que quiere impulsar la Generalitat es el del Sindicat d'Olvan, en el Berguedà. El proyecto nació a raíz del cierre de los comercios alimentarios del pueblo y se ha ido ampliando a partir de procesos participativos con los vecinos. "La idea es que la gente pueda venir aquí, encontrarse con otros vecinos y comer juntos", explica el alcalde, Sebastià Prat. La iniciativa también incluye un comedor comunitario que ofrece el mismo menú que se prepara para la escuela y la guardería del municipio.
Prat defiende que estos espacios son especialmente importantes en pueblos pequeños, donde la desaparición del comercio obliga a muchos residentes a desplazarse a los municipios vecinos. "Estamos garantizando un abastecimiento básico para mucha gente que no tiene carné o medios para moverse", afirma.
El Sindicat también ha permitido recuperar la memoria histórica del edificio. Más allá de la dimensión comunitaria, el proyecto ha generado cuatro puestos de trabajo. Una parte de estos se ha creado en colaboración con la Fundació Horitzó, dedicada a la inserción laboral de personas con problemas de salud mental.
El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, indica a la ACN que la iniciativa quiere garantizar "servicios indispensables" en los micropueblos y evitar que los vecinos tengan que desplazarse a otros municipios para comprar productos básicos.
