Catalunya y el resto del Estado necesita construir más vivienda, pero una parte de las promociones impulsadas por las administraciones no consigue ni siquiera encontrar empresas dispuestas a ejecutarlas. En lo que llevamos de 2026, 129 licitaciones públicas relacionadas con vivienda han quedado íntegramente desiertas, con un presupuesto conjunto de 128,5 millones de euros que no se ha podido adjudicar. Así lo recoge el último informe elaborado por licitaciones.io a partir de datos oficiales de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La cifra se conoce en plena crisis de oferta residencial. El Banco de España calcula que el Estado ha acumulado entre 2021 y 2025 un déficit cercano a las 750.000 viviendas. Solo durante 2025 se formaron alrededor de 240.000 hogares, mientras que se terminaron unas 92.000 viviendas. Los datos de licitaciones.io revelan así decenas de promociones, rehabilitaciones y operaciones sobre suelo público que quedan sin adjudicar porque ninguna empresa presenta una oferta admisible.
El análisis de la plataforma tecnológica especializada en el seguimiento de la contratación pública comprende los contratos relacionados con vivienda cuya licitación se resolvió oficialmente como desierta durante 2026. Además de las 129 licitaciones en las que no se adjudicó ningún lote, otras 20 consiguieron salvar una parte del procedimiento, pero dejaron el resto sin adjudicar. En total, el estudio contabiliza 149 licitaciones y 255 lotes desiertos. De estos últimos, 214 no recibieron ni una sola oferta, mientras que en los restantes se presentó alguna propuesta que acabó siendo excluida. El principal impacto se concentra en las obras necesarias para ampliar o recuperar el parque residencial. De las 129 licitaciones íntegramente desiertas, 74 correspondían a proyectos de construcción o rehabilitación, valorados en 84,6 millones de euros. Otros 22 procedimientos estaban relacionados con suelo y patrimonio público y sumaban 37,6 millones. Estos datos ponen de manifiesto que el problema no afecta solo a un tipo concreto de promoción, sino que se reparte entre diferentes ámbitos de la actuación pública en materia de vivienda.
Una de cada diez licitaciones fracasa desde el año 2021
El incremento de la contratación pública en vivienda ha elevado el número absoluto de procedimientos fallidos, aunque la proporción se mantiene prácticamente enquistada desde hace años. En 2026, el 10,4% de las licitaciones de vivienda resueltas había quedado desierto hasta el 21 de septiembre. El porcentaje fue del 10,9% en 2025 y también del 10,9% en 2021. Esto significa que aproximadamente una de cada diez licitaciones públicas de vivienda lleva cinco años acabando sin adjudicatario. No se trata, por tanto, de un episodio aislado, sino de un cuello de botella que persiste a pesar del aumento de la necesidad residencial y de la actividad promotora pública. Esta persistencia indica que las causas del problema son estructurales y que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado revertir la situación.
La falta de concurrencia coincide con una fuerte presión sobre los costes de la construcción. El encarecimiento de materiales básicos, energía y otros componentes está obligando a las empresas a revisar la viabilidad económica de los contratos públicos, especialmente cuando los presupuestos no incorporan mecanismos suficientes de actualización. Esta situación hace que muchas constructoras opten por no presentarse a licitaciones que consideran poco rentables o con demasiado riesgo. El problema se extiende al conjunto de la contratación pública. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción, durante la primera mitad del año se identificaron 1.130 concursos sin concurrencia, con presupuestos que sumaban 707 millones de euros. Esta cifra refleja que la falta de licitadores no es exclusiva del sector de la vivienda, sino que afecta a buena parte de la obra pública.
El fenómeno afecta tanto a actuaciones municipales de pequeña escala como a grandes promociones de vivienda protegida. El mayor expediente detectado por licitaciones.io corresponde a la construcción de 134 viviendas protegidas en Tenerife, promovida por el Instituto Canario de la Vivienda con un presupuesto de 23,9 millones de euros y financiación de los fondos Next Generation, cuya licitación no recibió ninguna propuesta. Por territorios, Andalucía registra el mayor número de licitaciones íntegramente desiertas, con 23, seguida del País Valencià y Aragón, ambas con 18. Castilla-La Mancha suma 17; Madrid, 11; y Canarias y Castilla y León, 10 cada una. Canarias destaca por el volumen económico afectado: sus diez procedimientos desiertos alcanzaron un presupuesto conjunto de 50,6 millones de euros, debido al peso de varias promociones públicas de gran dimensión. En cambio, el País Vasco, Navarra, Asturias y La Rioja no registraron ningún procedimiento de vivienda íntegramente desierto durante el periodo analizado.