Las empresas catalanas se enfrentan a un cambio profundo en sus obligaciones ante los consumidores. El marco normativo actual establece un conjunto exhaustivo de requisitos que transforman la relación comercial. La Ley del Código de Consumo de Catalunya configura un escenario donde la transparencia, la garantía y el respeto a los derechos lingüísticos dejan de ser opcionales para convertirse en pilares obligatorios de cualquier actividad económica. La comunicación de los precios exige máxima claridad.

Los establecimientos deben exhibir el importe total de manera visible, tanto en el escaparate como en el interior, con un desglose completo que incluya todos los impuestos y gastos adicionales. Los productos a granel o medibles deben mostrar el precio por unidad, mientras que los servicios requieren letreros o folletos informativos. En cuanto a los medios de pago, la aceptación de tarjetas de crédito o débito no puede suponer ningún recargo para el consumidor, con pocas y bien definidas excepciones. Estas limitaciones tampoco pueden variar en períodos concretos como las rebajas, garantizando una condición uniforme.

La documentación de la compra es otro elemento fundamental. Cada transacción debe quedar acreditada con un ticket o factura que incluya datos completos del establecimiento, el desglose de los bienes o servicios y la fecha. La legibilidad de estos justificantes debe perdurar durante todo el período de garantía, prohibiéndose materiales que se degraden rápidamente. Cuando se requieren pagos por adelantado, la ley establece mecanismos de protección para cantidades significativas, obligando a la contratación de avales o seguros que garanticen la devolución del dinero.

Las ofertas comerciales, como rebajas, saldos y liquidaciones, están sujetas a definiciones jurídicas precisas. Las rebajas deben reflejar una reducción real sobre un precio anterior mantenido, mostrando tanto la cifra original como el descuento aplicado. Los saldos, por su parte, se refieren a productos con valor disminuido por deterioro u obsolescencia, y pueden ofrecerse de manera permanente u ocasional. Las liquidaciones son operaciones excepcionales vinculadas a circunstancias como el cierre o reforma de un local, y pueden coexistir con las rebajas estacionales, siempre que se cumplan todos los requisitos legales.

El etiquetado de los productos se rige por normativas específicas según su naturaleza. Desde los alimentos hasta los productos industriales, la información debe ser veraz y completa. La responsabilidad recae principalmente sobre la marca que figura en la etiqueta, con un régimen específico para los bienes que no cumplan este requisito. La relación con el cliente exige una atención personalizada y accesible, con plazos de respuesta concretos para reclamaciones y la prohibición de teléfonos de tarificación adicional.

Las garantías de los bienes y servicios han experimentado una importante ampliación. Para las compras realizadas desde enero de 2022, el periodo de cobertura se extiende a tres años, con una presunción de defecto de origen durante los primeros dos. Para los servicios digitales se establece una garantía de dos años, mientras que los productos de segunda mano pueden tener un plazo pactado, pero nunca inferior a un año. Ante un defecto, el consumidor puede elegir entre reparación o sustitución, sin coste adicional y en un plazo razonable

La documentación contractual debe facilitar la comprensión mediante un tamaño de letra adecuado y un buen contraste. En los servicios, es obligatorio entregar un presupuesto previo por escrito, salvo renuncia explícita del cliente. El horario comercial debe ser visible desde el exterior en todo momento, y todos los establecimientos deben disponer de hojas oficiales de reclamación, anunciando su disponibilidad mediante un cartel visible que incluya un teléfono de contacto.

Los requisitos lingüísticos establecen el catalán como lengua mínima para toda la información comercial, desde la señalización fija hasta los contratos de adhesión. Esto incluye etiquetado, documentación y comunicaciones en servicios públicos. La vulneración de estos derechos puede constituir una infracción administrativa. En el ámbito alimentario, la información sobre alergias es obligatoria para los alimentos no envasados, pudiéndose proporcionar oralmente siempre que se cumplan ciertas condiciones de transparencia.

Este conjunto normativo configura un ecosistema comercial que prioriza la seguridad jurídica y la protección del consumidor. Las obligaciones abarcan todo el ciclo de venta, desde la primera información hasta la posventa, con un enfoque integral que busca equilibrar los intereses de todas las partes. El cumplimiento riguroso de estas disposiciones no solo evita sanciones administrativas, sino que construye una relación de confianza con la clientela, fundamental para la sostenibilidad de cualquier negocio en el mercado catalán actual.