Siempre ha sido un problema, pero desde la pandemia se ha acentuado. La posibilidad de conseguir una cita previa en un organismo estatal y que además esta sea en pocos días es una tarea casi imposible. Así que, si nos lo proponemos, por un precio módico, podemos comprar una por las redes sociales o por el mismo internet. Anuncios como: "Se sacan citas previas urgentes para el SEPE, en el área de Barcelona" o bien "¿No encuentras cita rápida para la Tesorería de la Seguridad Social?, contacta conmigo y por 30 € lo consigo", son solo ejemplos de lo que podemos encontrar por Facebook, Milanuncios o incluso Wallapop.
El mercadeo de citas previas en los servicios públicos persiste a pesar de los intentos de la administración para limitarlos. Por ejemplo, en mayo de 2023, la Policía Nacional desarticuló una red que se dedicaba a ello, vendía citas previas para extranjería por un precio de entre 30 y 200 €, dependiendo de la proximidad de la cita. Se detuvo a 94 personas. A pesar de estos esfuerzos, el problema es más profundo y la pregunta es: ¿por qué un ciudadano no puede conseguir una cita relativamente rápida en un servicio público?