En España, pasar de una empresa de 49 trabajadores a una empresa de 50 puede convertirse en una verdadera odisea. Y es que un solo trabajador puede marcar la diferencia entre una burocracia que se puede asumir y un verdadero suplicio entre costes, cargas administrativas, reguladoras y fiscales. Pasar a esta nueva dimensión significa que será obligatorio, entre otras cosas, auditar las cuentas, crear un comité de seguridad y salud, implementar un plan de igualdad, asumir al menos un 20% del coste de formación de los trabajadores, incorporar el registro horario o regular el teletrabajo.
Pues bien, si con todo eso no fuera suficiente, el pasado 13 de marzo se añadió una nueva piedra en el camino, y es que a partir de esta fecha ha entrado en vigor la nueva ley de protección del informante, que obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a crear un buzón o canal de denuncias anónimo para advertir de posibles infracciones o casos de corrupción que se den en el seno de la empresa. El tiempo para implantarla será de entre 3 y 9 meses con fecha del 1 de diciembre del 2023.
Además, cada empresa tendrá que nombrar en una persona u órgano colegiado responsable de la misma y que será el encargado de gestionar las denuncias y hacerlas llegar a quien corresponda.
Así pues, una carga más para las empresas que además de mayores cargas administrativas y sobrecostes, también tienen el riesgo de ser sancionadas si no cumplen esta ley a rajatabla.