Ser víctima de una infidelidad y pagar una condena en la cárcel por eso no parece lógico, pero no por ello imposible. La justicia de Taiwán condenó a un hombre a prisión y una multa por grabar sin consentimiento a su pareja con el fin de obtener pruebas de su engaño, según la información publicada en el South China Morning Post.
Todo empezó con las sospechas del esposo sobre el engaño de su mujer, al encontrar un cepillo de dientes en la casa de vacaciones y confirmar que pertenecía a un tercero que había llevado a la mujer a esa casa, tal como confirmó a través de las cámaras de seguridad del lugar.
Meses después, el hombre activó de forma remota la función de audio del robot aspirador de su casa para comunicarse con su esposa; sin embargo, lo que escuchó fue la señal de un encuentro íntimo con otra persona.
Este descubrimiento fue suficiente para pensar en una separación de su parte, pero quizás no como pruebas válidas ante la ley. Por ello, decidió activar la grabación de video del dispositivo y captó imágenes que mostraban a la mujer desnuda por la casa, mientras que el otro sujeto aparecía tumbado en el sofá.
Del engaño a la cárcel
El hombre utilizó las imágenes como prueba para demandar a su esposa y a su amante, exigiendo 2.000.000 de dólares taiwaneses, equivalentes a 68.000 dólares estadounidenses, en concepto de daños y perjuicios. Un tribunal admitió el caso y consideró una indemnización de 500.000 dólares taiwaneses.
En respuesta, la esposa contrademandó por el uso de imágenes obtenidas de forma ilegal. El tribunal desestimó la defensa del marido, dictaminando que las obligaciones matrimoniales no prevalecen sobre el derecho a la privacidad de una persona.
Al determinar que la grabación fue intencionada, el hombre fue condenado a cinco meses de prisión y a una multa de 150.000 dólares taiwaneses por grabar ilegalmente imágenes privadas.
Las leyes locales castigan severamente cualquier intromisión no consentida en la vida íntima de las personas, estableciendo penas que pueden llegar a varios años de encierro y, como en este caso, a multas de hasta 300.000 dólares taiwaneses.
Si bien hay situaciones que pueden hacer pensar lo contrario, aunque la tecnología facilita conseguir pruebas en situaciones conflictivas, en muchos lugares, la legislación deja claro que ningún engaño o despecho justifica sobrepasar las leyes que resguardan la privacidad individual.