"Ante la segura declaración unilateral de independencia que tendrá lugar en el día de hoy y con la finalidad de evitar la comisión de los más graves delitos que se pueden cometer contra la unidad e integridad territorial de España, instamos a la adopción con carácter inmediato y urgentísimo de la detención, puesta a disposición judicial e ingreso en la prisión sin fianza de todos los miembros de la Generalitat de Catalunya". Así pedía Vox al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que encarcelara al Govern en pleno para evitar la proclamación de la república. Una acción preventiva e inaudita que el juez ni tan solo atendió.
Mientras Puigdemont buscaba, el 10 de octubre del año pasado, la implicación de Europa para negociar una salida pactada, Vox iba un paso más allá y ya impulsaba un encarcelamiento exprés por si acaso. Hay que tener en cuenta que todos los miembros del Govern son aforados y que las competencias para actuar judicialmente contra ellos las tiene el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Por eso, en su escrito Vox aduce que se trata de una acción preventiva que está prevista por la ley y para la que el juez de instrucción tiene competencias. Vox se amparaba en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice: "La jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados. Esta competencia se limitará a instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al juez o tribunal que tenga que conocer de la causa con arreglo a las leyes, y pondrá a disposición a los detenidos y los efectos ocupados".
Pero el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer desestimó esta opción. En la providencia de respuesta se acoge al mismo artículo para remarcar que son aforados y que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya conoce perfectamente cuál es la situación.
El 10 de octubre fue uno de los más complicados tras el referéndum y la antesala de toda la cruzada judicial que empezaría al cabo de una semana, el 16 de octubre, con el encarcelamiento de los Jordis. El 10 de octubre, después de una hora de aplazamiento de la comparecencia del president y con un paseo de Lluís Companys a rebosar a la espera de la proclamación de la independencia, Carles Puigdemont la proclamó y 10 segundos más tarde la dejó en suspenso. Se emplazó al Parlament de Catalunya a votar la desconexión en un pleno que tendría lugar el 27 de octubre, el día que se activó el 155 y toda la maquinaría judicial contra los miembros del Govern.