Hace muchos meses que el sector veterinario lucha contra una ley injusta que está poniendo en peligro su profesión y la salud de miles de animales de compañía, y vuelve a salir a la calle masivamente para protestar contra Pedro Sánchez y el Real decreto 666/2023, la conocida como la ley del Medicamento veterinario. El Comité de Crisis Veterinario, asociación que agrupa a los profesionales del sector en España, ha coordinado este fin de semana la organización de unas 40 manifestaciones por todo el estado, la mayor parte este domingo, para denunciar el abuso de esta ley que les impide dispensar directamente tratamientos y los somete a un régimen burocrático asfixiante y desproporcionado. En Madrid, la manifestación ha empezado a las 10.30 horas en el Paseo del Prado, coincidiendo con la manifestación convocada por el PP contra la "mafia" del gobierno de Pedro Sánchez. En Catalunya, los principales escenarios de la protesta son Girona y Tarragona, mientras que Barcelona ya se adelantó con una marcha el pasado 10 de mayo, con una marcha en la cual participaron 2.000 personas.
"La salud animal no es un lujo"
Acompañados de muchos propietarios de animales de compañía y de sus mascotas, de asociaciones como la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y ciudadanos, los veterinarios han protestado contra una ley que atenta contra el bienestar animal y que afecta a la salud pública y piden un marco normativo "más justo y coherente, que les permita ejercer su labor de acuerdo con la evidencia científica y el criterio profesional". "La salud animal no es un lujo", "Por la justicia veterinaria y la protección animal", han sido algunos de los lemas coreados en las protestas, que buscan una regulación juiciosa y el reconocimiento de la veterinaria como profesión esencial para la salud global. El Real Decreto 666/2023, en vigor desde enero de 2025, busca controlar el uso de antibióticos para combatir la resistencia microbiana. No obstante, los veterinarios consideran que su aplicación es desproporcionada y dificulta su labor diaria, por lo cual exigen una modificación urgente que les permita ejercer su profesión de manera efectiva y en beneficio de los animales y la sociedad.
ERC acuerda con el PSOE dialogar con los veterinarios
Las reivindicaciones de los veterinarios empiezan a ser escuchadas por algunos grupos políticos y cuando se manifestaron enfrente del Congreso de los Diputados hablaron con algunos representantes políticos de PSOE, PP, Vox, Junts, ERC, Bildu y Sumar que salieron a encontrarse con ellos. Así y todo, los profesionales del sector han criticado en varias ocasiones que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no haya aceptado reunirse con ellos y, de hecho, en la concentración enfrente del Congreso de los Diputados pidieron su dimisión. En la última Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, el PSOE y ERC acordaron una enmienda transaccional sobre una Proposición No de Ley (PNL) de ERC por la cual la cámara baja instó al Gobierno, entre otras cosas, a impulsar un diálogo entre el Ejecutivo y el sector veterinario para la disponibilidad de antibióticos en las farmacias y otros centros dispensadores autorizados.
Además, ERC presentó posteriormente a esta misma enmienda transaccional como enmienda al Proyecto de Ley por el cual se crea una Agenda de Salud y se modifica la Ley General de Salud Pública. En los textos de las iniciativas, a los cuales ha tenido acceso Europa Press, la diputada de ERC, Etna Estrems Fayos, da un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la Ley para que el Gobierno haga lo que ya pidió en la última Comisión de Agricultura. Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Junts también presentaron enmiendas a este Proyecto de Ley recogiendo quejas de los veterinarios. De hecho, Junts pidió la derogación de la Ley del Medicamento veterinario, de acuerdo con lo que han pedido Vox y PP en varias ocasiones.
Carga burocrática y multas desproporcionadas
El Real Decreto 666/2023 es el que ha hecho colmar el vaso y la paciencia de veterinarios y propietarios de animales, y lo que los ha impulsado a salir a la calle, porque la aplicación del PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) implica una gran carga burocrática. Los profesionales veterinarios denuncian que la nueva normativa les impide suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado, obligando a los propietarios a acudir a farmacias que, en muchos casos, no disponen de los medicamentos veterinarios requeridos. Aseguran que la normativa puede poner en riesgo la salud de los animales al dificultar y retrasar la administración de tratamientos, a lo cual también afecta al bienestar animal y la salud pública. De hecho, ya se conocen casos que han muerto perros por no haber podido disponer de los medicamentos a tiempo.
Los veterinarios consideran que la ley ignora la evidencia científica y anula su criterio profesional, al imponerles restricciones en la prescripción y dispensación de medicamentos, especialmente antibióticos y genéricos de uso humano. Los veterinarios también afirman que la imposición de un sistema burocrático "desproporcionado" exige detalles técnicos minuciosos, como el número de gotas administradas o el porcentaje usado de una crema, bajo la amenaza de sanciones económicas que pueden llegar hasta 1,2 millones de euros. Además de las cuestiones relacionadas con la medicación, el sector reclama una reducción del IVA aplicado a los servicios veterinarios, actualmente en el 21%, enfrente de otros servicios sanitarios que disfrutan de un tipo reducido.