Sin cambios positivos, por ahora. Trabajadoras del Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) de l'Hospitalet de Llobregat y del EAIA del Consell Comarcal del Alt Empordà han detallado las deficiencias estructurales que arrastran estas unidades especializadas que evalúan a menores en riesgo o en situación de desamparo. Ha sido este lunes en la Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), abierta por el Parlament para aclarar las irregularidades de gestión, detectadas por la Sindicatura de Comptes, y proponer mejoras. Los profesionales han asegurado que la nueva DGAIA, es decir la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), mantiene “la falta de transparencia” en cuanto a la ratio de menores que debe atender cada equipo, y como la gestión de los EAIA está delegada a los entes municipales “hay disfunciones y desequilibrios” entre los 57 EAIA repartidos por el país.
“Las órdenes de la DGPPIA no llegan”, “no hay indicadores comunes de evaluación”, “en cuanto a la P de prevención de la DGPPIA, no hemos notado cambios”, ha manifestado Carme Fernández, jefa de unidad del EAIA de L'Hospitalet, donde trabaja desde los últimos 25 años. Daniel Cañero, psicólogo del EAIA de L'Hospitalet, también ha expuesto que hay jóvenes con riesgo de sufrir violencias sexuales -como el descubierto en una menor tutelada- que no quieren ser ayudados, que se escapan de los centros, y que “hay que establecer vínculos” para ayudarlos.
Por su parte, Ester Pujol y Patrícia Bertran, psicóloga y trabajadora social, respectivamente, del EAIA del Consell Comarcal del Alt Empordà, han asegurado que “el actual modelo no funciona”, que se debe dejar claro quién tiene las competencias, la Generalitat o el ámbito local, además de dotarlos de recursos, y de mejorar e igualar las condiciones laborales de los profesionales. También han reclamado “más transparencia” y que “no hay un modelo de informe único y falta de criterios”, en los informes que deben hacer para determinar si un menor debe ser apartado de su familia para garantizar sus derechos. Con todo, han asegurado que en este tiempo, la DGPPIA les ha convocado a tres reuniones de trabajo.
¿Control judicial?
Loss diputados de Junts, ERC, el PP, la CUP, Comuns y el PSC de la comisión han preguntado a los cuatro profesionales si tenían conocimiento de las irregularidades denunciadas en la DGAIA, así como si es necesario un control judicial cuando la Generalitat acuerda la separación de un menor de su familia, con el informe de los profesionales de los EAIA. Los expertos han indicado que no conceden ayudas y que, por tanto, no han tenido este problema descubierto y centrado en jóvenes extutelados. No obstante, sí que han tenido conocimiento de casos de familias que han tenido que devolver ayudas indebidas, con el problema que ello les implica.
En cuanto a los procesos administrativos de desamparo, han pedido tener juristas en sus equipos, y que si se deriva directamente a la vía judicial —como reclama la abogacía catalana—, estos juzgados deben ser especializados y con recursos, “si no es una aberración”, en palabras de Fernández por la tardanza actual.
El desbarajuste de gestión ha sido admitido por el mismo Departament de Drets Socials, el cual admitió a ElNacional.cat que todavía “no ha verificado todos los pagos indebidos” que habría abonado en prestaciones a menores tutelados, que sumarían unos 167 millones de euros entre los años 2016 al 2024, según alertó la Sindicatura de Cuentas en un informe. Añade que tiene “más de 10.000 expedientes, que deben ser analizados individualmente”, y que como no hay un sistema informatizado compartido, su análisis “puede durar años” si no tiene una plantilla de refuerzo.
Los abusos sexuales, en todas las clases sociales
En la sesión de este lunes, también se ha invitado a Pilar Polo, responsable de relaciones institucionales de la Fundación Vicki Bernadet, que ha asegurado que "los abusos sexuales es una violencia transversal y no tiene clase social, y que cuando hay más nivel social, más perversidad y silencio". Por eso, ha pedido medidas de prevención y de muy fácil, como por ejemplo que "el teléfono de la infancia se publicite en espacios donde hay menores, como se hace a la violencia machista". También ha pedido que el modelo Barnahus, aplicado en toda Catalunya para atender de forma coordinada a menores que han podido sufrir abusos -desde fiscales a psicólogos- es un gran adelanto, pero se tienen que dotar mejor porque ya hay listas de espera i "crea angustia en las familias".
También han intervenido Antoni Pérezy Ona Lorda, director y responsable de políticas de infancia de Save the Children Catalunya, que han pedido más inversión y políticas sociales para las familias, además de alertar que los menores con expediente de desamparo abierto en el país han pasado de 13.000 a los 20.000 actuales; y han reclamado más control de los recursos, pero "no desconfianza en las entidades del tercer sector", que gestionan los servicios. Además, han hablado José Antonio Ruiz, coordinador de la Plataforma de Infancia de Catalunya, que aglutina unas 1.700 entidades, que atienden un millón de menores; y Joan Muntané, secretario de La Confederació, y Natalia Valenzuela, vicepresidenta del Área de Políticas sociales de la Taula d’Entitats del Tercer Sector.