"La causa judicial es nula porque se confirma que es una "causa general" contra el independentismo, cosa que está prohibida "en cualquier sistema democrático donde haya garantías para los investigados", así de contundentes se muestran los abogados de los cargos públicos detenidos el 20 de septiembre delante de los primeros volúmenes del sumario que han podido leer.

Con la primera lectura, los letrados aseguran que el caso no es nada más que "la investigación indiscriminada de cualquier actividad llevada a cabo por las personas investigadas", y que "no se investigan hechos, sino cualquier circunstancia futura relacionada con determinadas personas", en este caso 14 carrecs públicos de la Generalitat, la mayoría de los cuales están relacionados directamente con la conselleria de Vicepresidencia que estaban preparando toda la logística del referéndum.

Los abogados detectan varias irregularidades, como la falta de las autorizaciones de los juez para hacer las grabaciones. Buena parte de la investigación se basa en escuchas telefónicas hechas indiscriminadamente a todos los investigados por si encontraban indicios de delito. Pero en el sumario no constan los permisos judiciales para gravar ni pinchar teléfonos.

El hecho de que se trate todo el caso como una causa general "supone una flagrante vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial" y por eso los abogados consideran que la causa se tiene que declarar nula.

Una semana después del levantamiento del secreto de sumario del caso de que el juzgado número 13 de Barcelona abrió para investigar las declaraciones de Santiago Vidal a raíz de una denuncia particular de Miguel Duran y otra de VOX, los abogados de la defensa solo han podido acceder a 2 de los 14 volúmenes y 4 anexos que tiene la causa.

El secreto de sumario se levantó el día 19 y los abogados denuncian que se les está negando el acceso a la documentación "con la excusa de un escaneo que tardará 10 días", dicen fuentes de la defensa. Ayer dos de los abogados fueron al juzgado a reclamar el sumario. El juzgado ha denegado poder consultarlo allí mismo, un hecho al que tienen derecho las partes. "Tenemos derecho a acceder libremente a cualquier expediente judicial que no sea secreto", dicen fuentes de los abogados de los acusados.

Finalmente, los letrados han podido leer 2 de los 14 volúmenes. De la consulta, los abogados llegan a la conclusión que "la investigación es técnicamente irregular"

A juicio de los abogados, hay "claros vicios de nulidad de toda la investigación que supondrán muy probablemente la nulidad de todo el expediente judicial así como de cualquier otra causa judicial derivada de las que investigan el independentismo catalán porque todas ellas se nutren de la misma investigación efectuada en el Juzgado nº. 13". Y por este motivo denuncian que "toda la investigación judicial es nula de pleno derecho".

Los letrados se basan en que se trata de una "causa general" contra el independentismo, un hecho prohibido en cualquier sistema democrático "donde haya garantías para los investigados".

Afirman también que "el objeto de la investigación es totalmente indeterminado", que se delega toda la investigación a la Guardia Civil "sin ningún tipo de control judicial" y que se investiga "personas y no hechos delictivos".

La Guardia Civil a los mandos

La investigación parece más dirigida por la Guardia Civil que por el propio juez, según las conclusiones a las que llegan los abogados después de conocer los primeros documentos del sumario. No cuentan, de momento, resoluciones judiciales que autoricen las grabaciones en las que se basa buena parte de la acusación.

De hecho, el 27 de julio, durante los interrogatorios que hace la Guardia Civil en el cuartel de Travessera de Gràcia a varios cargos públicos citados como testigos, el juez emite un comunicado donde se desmarca de estas actuaciones y remarca que no ha ordenado las citaciones. El juez difunde vía el gabinete del prensa del TSJC que "las diligencias que se están haciendo estos días al cuartel de la Guardia Civil son diligencias de policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona".

También desmiente en el mismo comunicado que haya más imputados, después de que la Guardia Civil comunicara a alguno de los testigos que quedaba como investigadost en la causa.

Los abogados denuncian también que la intervención del juez que abre el caso sobre Santi Vidal después de que la Fiscalía estuviera ya actuando de oficio origina dos investigaciones paralelas "con una delegación absoluta en la Guardia Civil que se dedica a investigar el independentismo catalán y no los delitos objeto de las querellas iniciales", según fuentes de la defensa.

Hoy un equipo de abogados volverán en la Ciutat de la Justícia a reclamar todo el sumario del caso.

15 investigados

Ahora mismo hay 15 acusados por organizar el referéndum: el secretario general de la Vicepresidencia y de la conselleria de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; David Franco, del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adscrito al Departamento de Trabajo; David Palanques, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) adscrito al Departamento de Presidencia; Josué Sallent, director de estrategia e innovación del CTTI; Xavier Puig, jefe del Área TIC del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; Joan Manel Gómez, del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT); Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda; Joan Ignasi Sànchez, asesor del Departamento de Gobernación; Natàlia Garriga, directora de servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda; Josep Masoliver, de la Fundación puntCAT; Mercè Martínez, responsable de proyectos territoriales de Vicepresidencia; y Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servicio de T-Systems.

Los investigan por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

El 27 de julio sólo había imputadas tres personas en el caso: Santiago Vidal, Carles Viver Pi -Sunyer y Josep Lluis Salvadó.

La causa se abre a partir de las declaraciones que hace el ex juez y senador de ERC Santi Vidal sobre la presunta obtención ilegal de los datos fiscales de los catalanes. Vidal, que todavía no ha declarado como investigado en la causa, se lo acusa de revelación de secretos y delito informático.