¿La sociedad catalana y española apoya al crimen organizado? Andrea Giménez-Salinas, profesora de Criminología de la Universidad Pontificia Comillas y presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad (FIADyS), responde que actualmente "se ve el apoyo social al narcotráfico frente al Estado, como los enfrentamientos con la policía", que evidencian signos preocupantes. "El crimen organizado se instala donde hay paro juvenil; ofrece alternativas a la población donde no llega el Estado, o cualquier administración. Penetra en la población más vulnerable, como en los inmigrantes", sostienen Giménez-Salinas, que añade que después estas ayudas se convierten en extorsión. La criminóloga expone que el crimen organizado intenta penetrar en tres ámbitos: el económico, donde también tiene la "connivencia" de empresas legales o profesionales como abogados y economistas; la política y la social. Busca a quien le es útil para ganar dinero, mucho dinero y poder, asegura, además de insistir: "Llegamos tarde y se debe entender cuál es la amenaza".
Andrea Giménez-Salinas expuso estas alertas en la jornada Criminalidad organizada y corrupción pública, organizada por la Oficina Antifraude de Catalunya, con el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), este miércoles, con la participación de expertos de Catalunya, el Estado español, Malta e Italia para analizar los riesgos que representa la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas y compartir estrategias para prevenirla y combatirla.
"¿Estamos ante la captura del Estado? No lo sé. Ni en qué grado. Estas organizaciones van arañando y entrando en la sociedad, la economía; no tengo instrumentos de medida", reflexiona la criminóloga. Añade que ahora hay más niveles de violencia, como tiroteos de día, que antes no pasaba. Con todo, asegura que la exposición de la violencia no interesa a estas organizaciones. En la conferencia, Giménez-Salinas fue bien clara: "Hay zonas del Estado que está ganando el crimen organizado porque la sociedad no está dispuesta a asumir el mal y la violencia o la sangre que puede generar. Hace falta que haya una alarma social y luchar por el Estado de derecho y la democracia".
Un ejemplo en Catalunya
En la jornada, el jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, ejemplificó con un caso el fenómeno explicado por la académica. En un barrio, que no quiso citar a pesar de que todo el mundo ubicó al decir que había delincuencia y clanes familiares, explicó el caso de un vecino que primero aceptó ganar un dinero si tenía plantas de marihuana en su casa. Todo iba bien hasta que un día sufrió un robo del material; le reclamaron 30.000 euros anuales o el piso. Perdió el piso. De este tipo de extorsión encontraron diecisiete casos.
Chacón también admitió que hasta ahora el cuerpo de la policía catalana no tiene tantos agentes captados por organizaciones criminales como la Guardia Civil. Con humor explicó que no es porque los Mossos son "seres de luz", sino porque la Guardia Civil controla los puertos, que es por donde entran la mayoría de las drogas, donde Catalunya y el Estado español lideran la lista de incautaciones. Ahora, con la marihuana, el jefe de los Mossos admitió que son más vulnerables, y de 20 organizaciones desmanteladas descubrieron a dos mossos que les ayudaban.
El comisario también recordó que ha habido cuatro homicidios en Barcelona en pleno día, de forma excepcional este año, y relacionados con los grupos criminales. La fiscal de Sala Coordinadora de Delitos contra la Administración Pública, Belén Martínez, explicó las funciones de esta nueva sección para detener la corrupción, en este caso más vinculada con la política.
Blanqueo de capitales y trata de personas
En la inauguración de la jornada, el director de Antifraude, Josep Tomàs Salàs Darrocha, aseguró que el crimen organizado es un "fenómeno poliédrico" donde cuesta la investigación de la corrupción porque "no hay cifras" y defendió que hay que trabajar juntos desde la prevención, los cuerpos policiales, la Fiscalía y la academia.
Ciertamente, actualmente las cifras son dispersas y no hay ningún organismo que las unifique e interprete. Por ejemplo, la Fiscalía de Barcelona informa en su memoria (que acaba de difundir) que ha incoado 12 procedimientos por delitos de trata de personas en 2025: 10 con finalidades de explotación sexual; uno por trabajos forzados o esclavitud y uno por matrimonio forzado.
La Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Barcelona también aporta datos destacados, y que se puede interpretar que el crimen organizado no tiene fronteras. Indica que incoaron un total de 1.255 expedientes de auxilio judicial, un 14% más que en 2024. Añade que en las órdenes europeas de investigación, la mayor parte de la tipología criminal en estas solicitudes son patrimoniales (499 solicitudes), de las cuales destacan las emitidas con relación a delitos de estafa (281 solicitudes). Afirma que este año hay un "relevante" número de solicitudes emitidas en procedimientos extranjeros seguidos por delito de blanqueo (100 expedientes) —uno de los elementos instrumentales usados por las organizaciones criminales, según Giménez-Salinas, junto con la capacidad de corrupción policial y política y el uso de la violencia— y por delitos contra la salud pública (116 expedientes).
La mayoría de las peticiones ha sido de Países Bajos, Alemania, Austria, Francia e Italia. En la memoria, las dos fiscales responsables de la sección precisan que habitualmente en el auxilio internacional no se pide una única diligencia (habitualmente, suministro de información bancaria o tomas de declaración personal), sino que cada vez "las solicitudes son de complejidad más alta y laboriosidad", donde se pide la ejecución de diligencias de distinta naturaleza, como, por ejemplo, medidas limitativas de derechos fundamentales junto a complejas búsquedas patrimoniales, tomas de declaración, seguimiento y vigilancias policiales, etc.
Más datos. En el primer trimestre de 2026, los jueces españoles concluyeron 5 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 20 personas (16 físicas, la mayoría de Andalucía y una de Catalunya y 4 jurídicas), que serán juzgadas. Son datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin explicar los casos. Únicamente que las personas encausadas son funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo, la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. Los delitos recogidos son: prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, soborno, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (corrupción en los negocios).
Falta de transparencia
En el debate, la periodista especializada en información judicial y policial Fàtima Llambrich abogó por efectuar investigaciones conjuntas entre medios de comunicación para destapar estas organizaciones criminales. Sin pelos en la lengua —habitual en ella— alertó que en el Port de Barcelona, donde periódicamente hay casos de tráfico de drogas e implicación de trabajadores o funcionarios policiales, tienen dificultades para llevar a cabo investigaciones. También explicó medidas de Bélgica para no caer en un narcoestado. La falta de transparencia de la dirección de los puertos también ocurre en otros países, indicó el director de Prevención de Antifraude, Òscar Roca, que le habían comentado investigadores europeos.
El caso Caruana
Finalmente, la vivencia más humana y valiente de la jornada la dio el periodista de investigación maltés Matthew Caruana Galizia, director de la Fundación Daphne Caruana Galizia, que lleva el nombre de su madre, la periodista de investigación asesinada hace nueve años después de denunciar la corrupción en Malta. Matthew Caruana ganó el Premio Pulitzer por la labor periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los Papeles de Panamá. Caruana instó a todos a "trabajar juntos contra la corrupción". Caruana confesó que la reciente absolución del empresario, acusado de ser el autor intelectual del crimen —en coche bomba— de su madre, ha sido "inesperado", y reclamó "fortalecer todas las autoridades, especialmente las europeas" y "trabajar juntos" para hacer frente al crimen organizado.