El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado el caso contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, por publicar las fotos de 33 jueces que firmaron un manifiesto pro consulta el año 2014. En 22 de los casos la fotografía era la del DNI de los jueces, y los magistrados denunciaron una presunta “entrada irregular en ficheros” de la base de datos del DNI para hacer divulgación. La filtración podía constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Hace dos días que los magistrados que presentaron la querella han recibido la comunicación de que su caso queda archivado y sin posibilidad en presentar recurso. La sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumenta que "los hechos no son constituyentes de delito". Hace un análisis del delito de revelación de secretos y dice que no tiene lugar. No habla en ningún caso de si se ha podido identificar o no a quien filtró la documentación a La Razón.

Para Josep Niubó, magistrado de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, uno de los jueces que aparecía en el diario con la foto del DNI y que firmó la querella, "el hecho en sí es una actuación vergonzosa", refiriéndose a la filtración y al motivo de la noticia para desacreditar la consulta del 9-N.

"Me parece un acto altamente vergonzante que salieran las fotos de donde salieron y que hayan servido para lo que sirvieron", ha añadido visiblemente indignado en declaraciones a El Nacional.

La investigación siempre ha apuntado al Cuerpo Nacional de la Policía española como fuente de origen de la filtración, ya que tiene acceso a los datos de los DNI. 

El caso se investigó desde el juzgado de Instrucción 22 de Barcelona. Se citó a declarar como imputado al director de La Razón y a tres policías de la brigada de información de la Policía Nacional, como testigos. Pero a finales de mayo de 2014, el juez se inhibió al considerar que el caso se tenía que investigar y juzgar en Madrid, que es donde tiene la rotativa y la redacción principal el diario.

Dos años después, a principios de este mes de abril, el magistrado del TSJM archivó el caso y el lunes envió la notificación a los afectados, entre los que hay el actual senador de ERC y ex magistrado del Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal.

Entre los firmantes figuraban Montserrat Comas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el 2011 y el 2008 y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género; dos de los instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan, y jueces de instrucción como Josep Maria Miquel Porres y Josep Niubó.

Expediente sancionador también archivado

También ha acabado archivado el expediente sancionador que empezó a valorar el Consejo General del Poder Judicial, en este caso contra los jueces catalanes. El CGPJ valoraba abrirles un expediente disciplinario porque partieron "de una afirmación que no tiene todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional", cuando de forma implícita reconocieron "a Catalunya la calidad de sujeto jurídico y político soberano". El CGPJ se fijaba en este párrafo: "Hay que partir de un hecho que -pensamos- no admite discusión: Catalunya es una nación? Este hecho -la realidad nacional de Catalunya- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatuts de Autonomía de 1979 y 2006".

Finalmente el expediente del CGJP quedó en nada.