Jupol y Jucil han criticado la decisión de la Audiencia de Barcelona de retirar del juicio el delito contra los derechos de los trabajadores que podía comportar penas de prisión para los exconsellers de Salut Alba Vergés y Josep Maria Argimon, así como para tres excargos del Departament. La causa investiga el retraso en la vacunación contra la covid-19 de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el año 2021. "No compartimos la decisión adoptada por el tribunal", han expresado el sindicato de la Policía Nacional y la asociación de la Guardia Civil. Las dos entidades sostienen que el delito "se cometió por un tema de odio" y consideran que "la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a miles de agentes justificaban que esta acusación continuara formando parte del procedimiento".
El tribunal ha acordado excluir este delito al aplicar la doctrina Botín, que impide juzgar a una persona solo a instancias de una acusación popular cuando la Fiscalía no acusa por aquel delito y el caso no afecta a la colectividad en los términos exigidos por la jurisprudencia. La petición fue planteada por las defensas y finalmente aceptada por la sección sexta de la Audiencia de Barcelona.
Con esta decisión, los acusados ya no se exponen a penas de prisión. El juicio continuará solo por el delito de prevaricación administrativa, por el cual la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Vergés, Argimon, el exsecretario general de Salut Marc Ramentol, el exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella y el exdirector de Servicios del Departament Francesc Xavier Rodríguez. La acusación popular, ejercida por Jupol y Jucil, eleva la petición hasta los 15 años de inhabilitación.
A pesar de las críticas, Jupol y Jucil han remarcado su respeto por las resoluciones judiciales y su compromiso con el estado de derecho. Al mismo tiempo, han subrayado que la decisión "no modifica el objeto principal del procedimiento" y que el juicio deberá aclarar "si existió discriminación hacia los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Las dos entidades insisten en que "miles de policías nacionales y guardias civiles fueron privados, sin justificación objetiva, de la vacunación que sí recibían otros cuerpos policiales que ejercían idénticas funciones esenciales durante la emergencia sanitaria".
También defienden que el objetivo del procedimiento es "que la Justicia determine si las decisiones adoptadas por los responsables del Departamento de Salud de entonces vulneraron el principio constitucional de igualdad y pusieron en riesgo la salud de quienes garantizaban la seguridad de todos los ciudadanos". El juicio continúa con los cinco acusados sentados en el banquillo de los acusados, pero ya sin el delito que podía comportar penas de prisión.