El gobierno de Andorra ya era conocedor del mal estado en el que se encontraba el terreno privado donde hoy se ha producido un derrumbamiento y técnicos consultados habían alertado del peligro inmediato que eso podría provocar en la carretera que conecta la frontera del Principado con Cataluña, la CG1. En la rueda de prensa que ha ofrecido el jefe de gobierno de Andorra Xavier Espot afirma que ahora no es el momento de depurar responsabilidades pero no cierran ninguna hipótesis. El estado estropeado de los anclajes y un mantenimiento deficiente se remonta a unas obras inacabadas para construir el nuevo centro comercial Punt de Trobada.
La familia Cachafeiro compró este terreno después de perder el alquiler del actual espacio Punt de Trobada que pasaría en manos de los grandes almacenes Pyrénées, quien cerró un suculento acuerdo con los propietarios del espacio, la familia Mallol Sunyer. Es entonces cuando los Cachafeiro decidieron pagar cerca de un millón de euros como licencia para vaciar la montaña e iniciar las obras de su nuevo Punt de Trobada. Pero los problemas con la constructora acabaron paralizando unas obras que habían escarbado profundamente la montaña para construir un párking. El Comú de Sant Julià de Lòria Josep Miquel Vila alertó de los problemas que podría comportar dejar la obra inacabada. Aunque la sorpresa del accidente "ha sido imprevisible", según Vila.
A día de hoy, el desahucio del Punt de Trobada se encuentra paralizado por un contencioso abierto en el Tribunal Superior de Andorra (TS) que la justicia tendrá que resolver. Los Cachafeiro presentaron una querella en noviembre del 2017 delante del Tribunal de Corts contra la familia Mallol y Patrick Pérez, apoderado de Pyrénées, en que se les acusaba de un delito mayor de estafa en grado de tentativa y de estafa procesal. El tribunal rechazó el recurso y ahora la última palabra la tiene el TS.