Las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente han remitido un escrito urgente a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtiendo de que cerrarán los órganos judiciales que están abiertos en cumplimiento de servicios esenciales si en el plazo de 24 horas no se les ha dotado de "medios reales de protección individual y colectiva básicos" ante la pandemia de coronavirus.

La advertencia fue realizada también por su portavoz en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la carrera judicial que se celebró a última hora de este martes, donde los representantes de estas asociaciones —de la misiva se excluye la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— trasladaron la actual situación y amenazaron con acudir a la autoridad sanitaria y sustituir los servicios mínimos por teletrabajo en caso de que no se atiendan sus demandas.

Recuerdan que el artículo 21.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos de Laborals reconoce el derecho del trabajador a interrumpir la actividad y abandonar el puesto de trabajo cuando considere que esta actividad comporta un riesgo grave e inminente para su vida o salud.

Según el documento remitido a la Comisión del CGPJ al frente del cual se encuentra el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, los requerimientos de medios de protección individuales y colectivos realizados tanto por este órgano como por los presidentes de los diferentes tribunales superiores de justicia "están quedando en meras formalidades que no tienen efectividad".

Así, consideran que las situaciones de riesgo de jueces que prestan los servicios esenciales fijados por el mismo Consejo "persisten y se agravan a medida que se extiende la población infectada", más en órganos especialmente expuestos.

Por eso, reclaman al CGPJ coherencia entre sus instrucciones y las recomendaciones tanto nacionales como internacionales en materia preventiva y de contención del Covid-19.

Recuerdan que desde las primeras reclamaciones, al inicio de esta crisis, poco se ha adelantado, por eso las tres asociaciones hacen suyo un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya por el titular del Juzgado de lo Social 20 de Barcelona, Jesús Gómez, sobre una situación de flagrante incumplimiento por parte de los órganos de gobierno de la carrera judicial de sus obligaciones en materia de salud laboral.

Este juzgado ponía de manifiesto la inexistencia de cualquier equipo de protección (guantes, mascarilla, gel desinfectante) para la celebración de actos de conciliación y juicio oral en este órgano. Se da la circunstancia de que dos únicos magistrados están asumiendo las actuaciones procesales indispensables en los 35 juzgados de lo social de Barcelona durante la totalidad de esta semana.

Recuerdan que hay "riesgo cierto" de que los órganos judiciales y registros civiles se conviertan en foco de infección para los ciudadanos usuarios del servicio público de Justicia, a lo que se une que el CGPJ ha ordenado que no se procederá al cierre de ningún órgano judicial sea cuál sea su naturaleza, salvo disposición de la autoridad sanitaria competente. "¿No será más razonable proveer de manera efectiva de medios de protección ante los riesgos de infección a que estos ocurran y creen focos que justifiquen los cierres por la autoridad sanitaria?" dice el comunicado.

Coronavirus en Catalunya, Ávila y Segovia

Mientras tanto se van dan dando casos de contagio de Covid-19, como elque se conoció ayer en los juzgados de instrucción nº4 de Lleida (juez infectado) y nº 5 de Tortosa (funcionario infectado).

Se acaba de tener noticia además del cierre provisional por acuerdo gubernativo de la decana de las plantas donde están los juzgados de lo penal de Barcelona (edificio P de la Ciutat de la Justícia) por dos casos de Covid-19, en tanto se realiza limpieza sanitaria y se reciba la conformidad de las autoridades sanitarias. También se tiene noticia del cierre de dos juzgados en Ávila y Segovia.

Por eso, concluyen que daddo que persiste la falta de medios, hace falta evitar los riesgos del trabajo presencial para poder prestar los servicios mínimos y tutela de derechos a los ciudadanos sin riesgos innecesarios hacia jueces, personal de justicia y ciudadanos en general, y proponer a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud la adopción del acuerdo de paralización de la actividad jurisdiccional.

Las quejas de los fiscales

Por otra parte, la portavoz de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en este colectivo, ha respondido en declaraciones en Europa Press a la carta que remitió este martes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, recordando el compromiso de servicio público de todos ellos para no dejar desprotegidos a los colectivos más vulnerables durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Les recordaba también que ante la escasez de medios de autoprotección tenían que recordar que la prioridad es el personal sanitario.