La dirección del centro de los Maristas Sants-Les Corts investigado por presuntos abusos se negó a dar información a los Mossos en 2011 cuando investigaban un supuesto caso de agresiones sexuales. La policía trabajaba con el juzgado de instrucción 9 de Barcelona para aclarar la denuncia que había llegado mediante la Fiscalía de Menores.
Durante la investigación, el juez ordenó a los Mossos que investigaran el caso. La policía se puso en contacto con el centro y la dirección se negó a facilitar cualquier tipo de información, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Los Mossos trasladaron por escrito la negativa al juez que se reunió con los padres del menor afectado que finalmente decidieron no presentar la denuncia. Ante este hecho, la Fiscalía pidió que se archivara el caso.
Los Maristas apartan al subdirector, sospechoso de abusos
La dirección de los Maristas Sants-Les Corts ha apartado hoy de manera cautelar el subdirector del centro. Es uno de los cinco sospechosos de abusar de los menores de la escuela que están investigando los Mossos, según las denuncias que van llegando desde el viernes pasado. Algunas de las víctimas han explicado los abusos del subdirector. La dirección del centro ha enviado un comunicado donde dice que "ha sido apartado cautelarmente de sus responsabilidades y tareas docentes hasta que se aclaren los hechos por parte de las autoridades competentes."
Ahora mismo hay 17 denuncias entre juzgados y Mossos d'Esquadra. Cinco de estas acusan al monitor de comedor y cuatro más al profesor de gimnasia. Estas nueve ya están en la mesa del juez. El resto están en manos de la unidad de investigación de los Mossos que tienen tres posibles pederastas más, entre ellos el subdirector y un profesor de informática. Los investigadores agrupan los casos según los maestros acusados, no según las víctimas.
Las víctimas quieren al presunto pederasta en la prisión
La familia que destapó el caso de los presuntos abusos sexuales en los Maristas ha presentado este jueves un recurso de apelación para que el presunto agresor esté en la prisión mientras no se haga el juicio. El sábado el juez lo dejó en libertad, aunque la Fiscalía pidió la prisión provisional. El abogado de dos de las familias que han denunciado los hechos, Ibán Fernández, ha presentado el recurso porque el supuesto pederasta ha dicho a dos medios de comunicación –El Periódico y 8TV– que tenía previsto marcharse a un lugar donde no lo encontrara nadie. Aunque las medidas cautelares prevén que se presente semanalmente en los juzgados para tenerlo localizado, la defensa de las víctimas no encuentra suficientes garantías para evitar que huya. "No tuvo ningún rubor en manifestar que desaparecería", concluye al abogado.
A todo esto hay que añadir el hecho de que Joaquín Benítez, el profesor de gimnasia, estuvo en contacto con menores hasta un mes antes de la detención. Ha sido monitor infantil hasta el 7 de enero del 2016 en la empresa "Servicios Recreativos Culturales y Deportivos de Perelada, S. A.". En el recurso, el abogado incide en el hecho de que, si no se hubiera interpuesto la denuncia, el acusado seguiría teniendo contacto con menores y, aunque ha confesado, no se ha arrepentido, lo que supone que "el peligro de reiteración en el delito es altamente probable".
Sobre el papel de las administraciones, el abogado quiere ver "si la Generalitat tiene responsabilidad". "Sabemos que hay un consorcio y que la Generalitat puede llegar a sancionar o retirar el convenio", ha añadido Ibán Fernández. También estudiarán si el protocolo de la escuela los Maristas Sants-Les Corts se ha aplicado, ya que lo hicieron el año 2013 y había una previsión de desplegarlo durante tres años. Eso pondría sobre la mesa el hecho de que el protocolo de los Maristas no estaba al 100% activado.
Prisión provisional
La ley prevé en algunos casos que los acusados estén en la prisión hasta que no se haga el juicio. Se valora la peligrosidad de los detenidos y el origen del delito. El juez decide en función de lo que argumenta la Fiscalía, aunque hay casos claros, como los asesinatos y los homicidios. Otros, están sometidos al criterio de los jueces.
¿Cuándo se decreta?
Cuando hay que asegurar la presencia del imputado en el proceso en el caso que pueda haber un riesgo de huida. En este caso se valora qué tipo de delito se le acusa, la gravedad de la pena que se le podría imponer, la situación familiar, laboral y económica del procesado, así como la inminencia del juicio.
Cuando hay que evitar la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relevantes para la causa, en los casos que exista un peligro fundado y concreto.
Cuando hay que evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, sobre todo en el ámbito de violencia machista.
¿Qué hace falta que se cumpla?
Que el delito por el que se juzgará al acusado sea de dos o más años de prisión. O bien que sea de menos tiempo, pero el acusado tenga antecedentes penales.
Que haya motivos para creer que el acusado es el responsable criminal del delito.
¿En el caso de los Maristas, se dan estos requisitos?
Los dos acusados que ahora mismo investiga el juzgado se enfrentan a delitos de abusos sexuales tipificados entre 2 y 6 años de prisión. Si la acusación es por agresión sexual, la pena puede llegar a los 16 años. Joaquín Benítez ha confesado los hechos y ha dicho conocer la posibilidad de que el otro acusado abusara de menores.
El código penal recoge además dos agravantes: cuando la víctima sea especialmente vulnerable. En este caso, algunos de los denunciantes tenían 15 años en el momento de los hechos. Y, también, cuando el acusado tenga una relación de superioridad respecto a la víctima. Era el profesor de gimnasia. Ante esta situación, el abogado de una de las víctimas argumenta que la pena podría ser entre 13 y 15 años de prisión para cada uno de los delitos que se le acaben imputando.
Sobre el riesgo de huida, la acusación aporta las declaraciones del supuesto pederasta del 7 de febrero en 8TV, 24 horas después de declarar en los juzgados, que no cambiaría su domicilio, dónde afirma que quiere marcharse a un lugar que nadie conozca.
El abogado argumenta que hay un riesgo real que el acusado pueda destruir material de carácter pedófilo que tenga en su casa y que sea determinante para la investigación. También sospecha de que pueda tener vídeos o fotografías de sus actividades delictivas a lo largo de 30 años.
El recurso refuerza los argumentos con el hecho de que el acusado ha seguido trabajando teniendo contacto con menores y que apenas ha empezado la investigación y hay que recoger pruebas.
"Mi hijo tiene terror"
En la entrada de los juzgados esta mañana había el abogado de dos víctimas y el padre que ha destapado el caso. Hoy, ya dando la cara ante los medios, ha explicado cómo su hijo se va abriendo poco a poco pero todavía tiene miedo. "¿Tú crees que vendrá aquí?", explica Manuel que le pregunta su hijo. Por eso, para la tranquilidad de las víctimas, las familias quieren que el pederasta esté en la prisión.
Manuel asegura que cada día recibe correos de nuevos casos de abusos que va derivando a los Mossos d'Esquadra y a su abogado. Repite delante de los micrófonos de los medios amontonados delante de la puerta de la Ciudad de la Justicia que quiere "que se haga justicia", y explica que su hijo escondió los abusos detrás de un hipotético caso de bullying. "Me decía: 'papá, no quiero ir a la escuela'. Y falsificaba notas para no ir a la clase de gimnasia. Decía que le hacían bullying".