Las madrugadas del 7 de abril y del 19 de mayo del 2019, un grupo de personas, autollamados 'Justicieros nocturnos', supuestamente, dejaron, delante de casa del portavoz de Mossos por la Independencia, en Sarrià de Ter, inodoros acompañados de mensajes intimidatorios. Además de dos tazas de inodoros con estos escritos contra este agente de la policía catalana que, públicamente, se había posicionado a favor de la independencia, también vertieron lazos amarillos que, anteriormente, habían arrancado de plazas y otros puntos de la zona de este municipio y de la comarca del Gironès.
Los Mossos investigaron los hechos y hoy ha llegado a juicio, en el juzgado de lo penal 2 de Girona. Los investigadores de los Mossos pudieron relacionar a siete hombres con los hechos y los acusan de haber acosado al agente de los Mossos independentista, dejándole en la puerta los mensajes en tazas de inodoro y los lazos amarillos que habían retirado. Ninguno de los siete acusados, que hoy han declarado, han aceptado los hechos y aseguran que si bien sí que participaron en la retirada de lazos amarillos —símbolo que asumió el movimiento independentista durante la época del Procés, con presos políticos—, aseguran que no participaron en la acción delante de la casa donde el portavoz de Mossos por la Independencia, Albert Donaire, vivía con su pareja. Este viernes se ha celebrado la segunda jornada del juicio y ya ha quedado visto por sentencia.
Delito de odio por mensajes homófobos
La Fiscalía pide hasta dos años de cárcel a los siete acusados si se prueba que fueron los autores de estas acciones que enmarcan como un delito de odio, contra la dignidad de las personas mediante acciones de humillación, menosprecio o descrédito. En los mensajes que los investigados, supuestamente, dejaron delante de casa del portavoz independentista también había insultos homófobos, haciendo referencia a la condición sexual del agente de los Mossos.
No ha sido fácil llegar a la vista que se ha celebrado esta semana en Girona. La causa, en un primer momento, se archivó, pero la defensa del portavoz consiguió que volviera a reabrirse y juzgar, ahora, como un delito de odio. Se cree que uno de los acusados, que también es agente de los Mossos d'Esquadra, consiguió la dirección de donde vivía el portavoz de Mossos por la Independencia haciendo uso de las bases de datos policiales. Ahora será el juez quien decida si los acusados tienen que ser condenados a prisión —si son culpables, por la baja pena solicitada, no entrarían en la prisión— si se puede probar el delito por el cual han acabado sentados ante un tribunal.
