Hoy han declarado los dos únicos peritos que se han citado en el juicio. Dos agentes de la Guardia Civil que han tratado de explicar si la web de la consulta Participa 2014 se podía eliminar o no, y si se siguió actualizando después de la prohibición del TC.

Según los agentes, que han declarado sin que se les viera la imagen por la señal institucional, por medidas de seguridad, la web se podía eliminar "entre 24 y 48 horas". Lo que no han dejado claro es si todas las réplicas que tenía la web también se podían hacer desaparecer tan fácilmente. De hecho, han llegado a admitir que más bien no, tal como expuso durante su declaración el responsable de la web, Joan Cañada, que dijo que "técnicamente era imposible suspender la página web".

A preguntas de la Fiscalia, explicó que se puso en contacto por iniciativa propia, después de ver en la prensa la suspensión del 9-N y después de que su equipo le confirmara que "al estar tan duplicada (la página web) era prácticamente imposible hacerla desaparecer". Cañada ha expuesto que, de hecho, "todavía está activa y todavía se puede visitar".

Cañada argumentaba que no se podía eliminar a causa de la gran cantidad de réplicas que tenía la página Participa 2014.

Hoy los peritos han contradicho a Cañada y han dicho prácticamente lo mismo que durante su declaración aseguró el exdirector del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé, que dejó en falso a Cañada al decir que la web se podía eliminar "en horas". Un hecho que, recordamos, hizo reaccionar al instante la Fiscalía: "¿En horas, kaputt?".

Según la Guardia Civil, "de la misma manera que una página web se pone, también se puede sacar.

La web se actualizó

Los dos agentes de la Guardia Civil también han asegurado que la página se siguió actualizando a partir del 4 de noviembre. Y han detallado los días. Según sus investigaciones el administrador entró contenido el 4, 7 y 9 de noviembre y el 10 de diciembre.

También han expuesto que no pudieron entrar en la parte donde estaban los datos de los voluntarios. Y que el software estaba incompleto. Que T-Systems todavía no había acabado el trabajo.

El fiscal incide en el hecho de que la web estuviera en marcha y se actualizara como prueba de que el Govern siguió adelante con la organización de la consulta a pesar de la prohibición del TC.