El juicio no ha cambiado nada. El Fiscal mantiene lo que ya pidió en su escrito de acusación. Quiere que inhabiliten a Artur Mas durante 10 años para ejercer cualquier cargo de función pública, y 9 a Joana Ortega y Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación.
Emilio Sánchez Ulled, por lo tanto, cree que todo lo que se ha dicho en el juicio por parte de los peritos y testigos y todas las pruebas documentales que se han presentado, avalan su acusación inicial y no modifican nada.
Las defensas se mantienen también en su línea de pedir la absolución. Consideran que todo lo que se ha visto y dicho en el juicio no prueba los delitos de desobediencia y prevaricación.
La acusación popular ha rebajado la pena hasta los 9 años y ha patinado pidiendo que se retire el delito de malversación de fondos públicos. Unos delitos que hace meses se retiraron, pero que la acusación popular no había modificado en su escrito de acusación y lo ha tenido que hacer hoy en el tramo final del juicio.
El delito de malversación era el que implicaba entrar a la prisión, en el caso de condena.
El letrado de la acusación popular, Antonio Alberca, ha pedido 9 años de inhabilitación pero no ha concretado exactamente para qué, y el juez lo ha acabado guiando para que dijera "para ejercer la función pública".
El juicio está ya en el tramo final. Mañana quedará visto para sentencia. Desde desde primera hora de la mañana se empezarán a leer los informes finales. Son cinco escritos con las valoraciones de todas las partes que se alargarán durante todo el día.