Así como el abogado de Artur Mas ha apuntado contra la Fiscalía, el de Joana Ortega lo ha hecho contra los jueces. "Fue admitir a trámite unas querellas con evidente cariz político dado el perfil de sus querellantes o impuestas por un superior jerárquico en el caso de la Fiscalía", ha dicho Rafel Entrena, sin dejar de lado la complicidad de la Fiscalía en todo el proceso: "Fue un error y, además, un hecho insólito, que se formalizara la querella del Pont Aeri, la cual rechaza, en primera instancia, motivadamente, la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya, decisión que se traslada a Madrid y desde la Fiscalía General del Estado se revoca esta decisión a fin de que los mismos fiscales que a su día rechazaron criminalizar el 9-N, tuvieran que presentar querella y mantener la acusación".
También ha advertido directamente el tribunal presidido por mismo presidente el TSJC, Jesús Maria Barrientos: "Ha sido un error abrir el presente juicio oral, cuando, a nuestro entender, no existen indicios de ningún tipo de delito". "Señorías, resulta evidente que, sea cuál sea la sentencia que se dicte en este procedimiento, tendrá repercusiones jurídicas, políticas, sociales y mediáticas", ha concluido.
Y ha pedido la absolución para Ortega "porque lo que hoy se juzga aquí son actuaciones estrictamente políticas que están fuera del ámbito de intervención de los tribunales penales y, además, porque en ningún caso se dan los requisitos objetivos y subjetivos para que puedan entender cometidos los delitos de desobediencia penal y prevaricación".
Entrena ha pedido en el tribunal "valorar los hechos, interpretar y aplicar la normativa y jurisprudencia y dictar una sentencia justa". Y ha acusado las acusaciones de hacer "trampa" porque "ignoran la voluntad del legislador y acompañan los hechos a tipos penales genéricos, como la desobediencia y la prevaricación, como si aquí se estuviera juzgando la adjudicación irregular de una licencia de obras de un ayuntamiento cualquiera".
Ni prevaricación ni desobediencia
El 4 de noviembre cuando llega la providencia, según Entrena, Joana Ortega ya había acabado su trabajo: "La organización ya estaba terminada, los voluntarios informados y con tareas asignadas, los puntos de participación determinados, los encargos de servicios tramitados, las contrataciones finalizadas y facturadas y la práctica totalidad del material ya había sido recogida por los voluntarios y las empresas de distribución.
"No es un acto de desobediencia, sino un acto de responsabilidad", ha expuesto al abogado de Ortega sobre la contratación del seguro para los voluntarios, una de las pruebas que se han presentado contra la exvicepresidenta del Govern.
Sobre la web, el principal punto de discusión entre Fiscalía y defensas, para el letrado Entrena "la providencia, ni dice, ni cabe concluir, que se tenía que eliminar la web, como tampoco dice que se tengan que quemar las urnas y romper las papeletas".