Segunda sesión del juicio que ha empezado este lunes con la declaración de expresident catalán Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau. Empiezan a declarar los testigos y este martes lo harán gran parte de los responsables del Departament d'Ensenyament citados por la Fiscalía y la acusación particular. También comparecen el director de toda la organización de la consulta, Joan Cañada, y el director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Jordi Escalé.

La segunda sesión del juicio, que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), empezará a las 09:00 horas con la declaración como testigos de los dos inspectores de la Conselleria de Ensenyament que denunciaron que el departament convocó reuniones con directores de instituto para solicitarles que facilitaran el acceso a sus locales para la votación del 9-N. Estos dos testigos, Josep A. y Jesús R., que comparecerán en el juicio a propuesta de la Fiscalía y de la acusación popular, aseguraron en sus documentos que la directora territorial de Ensenyament en Barcelona, Montserrat Llobet, había convocado una reunión el 16 de octubre de 2014 para "impartir instrucciones" a los directores de escuelas "por la utilización de sus centros" el 9-N.

La Fiscalía da un gran valor a estos documentos, ya que opina que contradicen "directamente" la tesis defendida por la exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que no se celebró ninguna reunión en este sentido. Este lunes, sin embargo, en su declaración Rigau ha admitido la reunión y lo ha explicado en el contexto de que había muchas preguntas de los voluntarios del departament de la zona de Barcelona y que para atender todas las dudas se decidió celebrar una reunión a la que ella no asistió.

De hecho, la directora de los Serveis Territorials d'Ensenyament en Barcelona, Montse Llobet, que será la tercera testigo en comparecer este martes, reconoció en la fase de instrucción que convocó dos reuniones -el 16 y el 22 de octubre-, con directores de instituto, aunque fue para informarlos sobre el papel de los centros durante la consulta y para tranquilizarles delante su preocupación por si incurrían en alguna responsabilidad penal si abrían las puertas, y no para darles ningún tipo de instrucción. Por el contrario, uno de los inspectores advirtió ante el juez de instrucción que algunos de los directores que asistieron a las reuniones informaron que la directora territorial sí que les dijo que permitieran la apertura de los centros y que, si no se querían implicar en el proceso, buscaran a voluntarios para que lo hicieran.

El inspector jefe de Ensenyament, Francesc Güell, que también aparecerá como testigo, asistió a las dos reuniones, en las que, según declaró durante la fase de instrucción, no se presionó a los directores de instituto, sino que se les tranquilizó ante su inquietud sobre qué les podía ocurrir si dejaban entrar las urnas.

Directores de instituto

La directora del instituto l'IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) Dolores A., que se negó a abrir sus puertas a la consulta, está previsto que comparezca este martes en el juicio. En fase de instrucción, esta directora aseguró que en vísperas del 9-N, entre los días 6 y 7 de noviembre -una vez que el Tribunal Constitucional ya había suspendido la votación- recibió varias llamadas de la Conselleria de Ensenyament en la que la presionaron para que entregara las llaves de su centro para acoger las urnas.

A propuesta de la Fiscalía y la acusación popular, también declarará el director de un instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelonès), que sí acogió urnas, y que en fase de instrucción aseguró que no fue presionado y que, como no había ningún voluntario entre los miembros del claustro, optó por entregar las claves a la Conselleria, que las dio a un voluntario de la consulta que trabajaba allí y a quien conocía.

El director de la consulta y el CTTI

Para este martes también está prevista la declaración como testigos del asesor en materia de opinión del Departament de Governació que dirigió la organización de la consulta, Joan Cañada, y la directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Elisabet Abad, que encargó a los presos la confección de las urnas y papeletas, por un valor de unos 50.000 euros.

También ha sido citado para mañana el entonces director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Jordi Escalé, que asumió la organización informática de la consulta, y el presidente de la empresa Focus, a la que la Generalitat pagó 140.000 euros para montar la carpa que acogió el centro de prensa y difusión de datos del 9-N.

En su declaración en fase de instrucción, Cañada, Abad y Escalé reconocieron que el Govern catalán se implicó en la organización de la consulta después del 4 de noviembre, día en el que el Constitucional suspendió la consulta, si bien matizaron que lo hizo de forma indirecta, ya que era muy difícil detener el engranaje del proceso, que, según alegaron, en muchos casos estaba ya en manos de las empresas contratadas.