El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, recula y acuerda suspender definitivamente el bloqueo cautelar de Telegram, que ordenó el pasado viernes. En una provisión datada de este lunes, el juez solicita un informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre la plataforma, así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios esta suspensión temporal. El magistrado ha dictado una interlocutoria que deja sin efecto la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram porque considera que sería "una medida excesiva y no proporcional".
En el escrito, Pedraz explica que se ha constatado una posible afectación a miles de usuarios ante una suspensión temporal y, por eso se plantea si la medida resulta proporcional. Según el juez, la plataforma se utiliza para actividades delictivas, "son más que múltiplos usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado para utilizar Telegram, al brindarlos unos beneficios que otras plataformas no den". Así pues, concluye que la suspensión supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que utilizan esta aplicación de mensajería.
Bloqueo de Telegram
El pasado viernes, el juez Pedraz acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. El sábado, el magistrado dio tres horas a las operadoras españolas para que, a partir de la recepción de su comunicación, suspendieran los recursos asociados a la aplicación. Aun así, según apunta Europa Press, el juez no llegó a ejecutar este requerimiento. La medida del bloqueo fue considerada por el juez como "necesaria, idónea y proporcional" y no existía alternativa que pudiera frenar la reiteración de los hechos denunciados, puesto que las autoridades de las Islas Vírgenes —donde se encuentra la sede social de Telegram— no han colaborado con la comisión rogatoria enviada para que Telegram informara de determinados datos técnicos que permitían identificar a los titulares de las cuentas que se habían utilizado para llevar a cabo la infracción de los derechos de autor.
La resolución del juez Pedraz defendía que para el buen funcionamiento de la instrucción era necesaria la práctica de diligencias incluidas en la comisión rogatoria a las Islas Vírgenes, por este motivo quedarían pendientes numerosos diligencias de investigación dependiente de la información que facilitará la ejecución de la citada Comisión Rogatoria Internacional. El incumplimiento reiterado de la petición a las Islas Vírgenes de 28 de julio de 2023 apuntaba que impide la continuación de la instrucción de la causa. Se solicitó a Telegram que informara sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular. El juez señalaba la carencia de colaboración de las autoridades, a las que solo se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social, provocó que tuvieran que adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.
La decisión judicial ha sido criticada desde varios ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.