El Consejo General del Poder Judicial ha alargado el refuerzo para que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona pueda investigar en exclusiva el proceso del 1-O.

Tiene el apoyo desde el 15 de marzo, pero ahora le ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. En un principio el refuerzo al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer era de seis meses para que se pudiera dedicar en exclusiva a la instrucción del proceso y a la investigación de los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Quedó, así, liberado de los juicios por delitos leves que asume el juez de refuerzo.

La prórroga la ha tramitado la Unidad de Apoyo para las Causas de Corrupción, la ha demandado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial ha hecho el informe favorable. También está la autorización del Ministerio de Justicia para poder pagar al juez de apoyo.

Ramírez Sunyer empezó a investigar el proceso a partir de las declaraciones de Santi Vidal, exjuez y exsenador de ERC, sobre la hacienda pública y la supuesta utilización de los datos personales de los catalanes. A partir de aquí se fue desencadenando una causa general contra el proceso, con la investigación de la Guardia Civil, con escuchas telefónicas y seguimientos que desembocó el 20 de septiembre con la detención de 14 altos cargos del Govern y los registros en la Conselleria de Economía y otras dependencias de la Generalitat.

El informe que sirve de base de la acusación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sale de estas investigaciones. También el Enfocados, que ha servido para procesar a los responsables de los partidos que no estaban en el Govern ni en la Mesa del Parlament como Marta Rovira, Anna Gabriel y Mireia Boya.

Del juzgado 13 han salido informes de la Guardia Civil sobre el papel de los Mossos el 20-S y el 1-O que se están utilizando en la acusación contra el mayor Josep Lluís Trapero y la cúpula de Interior en la Audiencia Nacional y contra los miembros del Govern sobre los preparativos del referéndum.

Con todo, el mismo juez admitió hace unos días que no puede investigar la rebelión y sedición en un escrito en respuesta a uno de los abogados. De hecho llega a decir que él ya informó al Supremo de que tenía aforados investigados por rebelión, pero que el Tribunal Supremo desestimó asumirlos en la causa del procés. Es el caso de Josep M. Jové.

Ramírez Sunyer llega a admitir que no hay indicios de estos delitos entre sus investigados, a la vez que explica que no ha dejado de investigar la rebelión y sedición. Un despropósito judicial que ha enojado a las defensas.