Un caso grave. Un juzgado de Barcelona investiga seis técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental (DGQA) y de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona, a quien la fiscalía acusa de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por haber dado permisos de producción a la empresa Ditecsa, de Montornès del Vallès, que gestiona residuos peligrosos, sin valorar los riesgos. En la querella, el fiscal delegado de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrí, expone que estas irregularidades suponen una "altísima peligrosidad para la seguridad, la salud humana y el medio ambiente", que se hicieron evidentes el diciembre de 2019, cuando Ditecsa sufrió un incendio que generó una gran columna de humo tóxico y peligroso que duró horas y el vertido de miles de toneladas de aquellos residuos también tóxicos y peligrosos acumulados en la industria en el río Besós, el cual duró días y que eliminó las posibilidades de la vida acuática en aquel curso de agua desde el punto del vertido en aquella población hasta la desembocadura en Barcelona y que también dañó gravemente infraestructuras públicas, como la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Montornès. Los responsables de la empresa también son investigados en un juzgado de Granollers desde el año pasado por un delito contra los recursos naturales.
En la querella, el fiscal expone que la técnica del servicio central de Prevención de la DGQA y dos de sus jefes analizaron la propuesta del 2017 de la sociedad de aumentar el tratamiento y recuperación de residuos peligrosos (disolventes) en su factoría de Montornès del Vallès y le dieron la Autorización Ambiental (AA), pero todo y su especialización, "no tuvieron en cuenta en ningún momento que se daban las circunstancias de aumento de consumo de agua y de energía, en atención al riesgo ambiental de la actividad que gestionaba residuos peligrosos, y que implicaba la necesidad de considerar que aquel cambio que se proponía hacía falta un informe superior". Tampoco -indica al fiscal, valoraron ni hicieron valorar a ningún organismo expresamente si el aumento de emisiones atmosféricas, especialmente de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's), que el cambio propuesto, también podía suponer la superación de los umbrales legales.
Aumentos
En concreto, se indica que Ditecsa pidió a la Generalitat un aumento de la capacidad anual de valorización de disolvente con el fin de pasar de las 7.250 tn/año a 8.650 tn/año. Con un Cambio No Sustancial (CNS) aprobado el año 2009, aquella empresa ya había obtenido antes la autorización administrativa para pasar de producir las 5.800 tn/año previstas en el 2005 a producir las referidas 7.250 tn/año. El fiscal sostiene que los cambios que se solicitaban por los responsables de aquella compañía "se presentaban siempre de manera interesada como un simple Cambio No Sustancial (CNS), aunque sabían que tenían que seguir los trámites más complejos del Cambio Sustancial (CS)", vistas las circunstancias de aumento de producción, de consumo de agua y de energía o de aumento de emisiones atmosféricas que había experimentado la actividad por el aumento de producción de disolventes valorados y que impedían autorizar aquellos cambios con una autorización básica.
El fiscal insiste en que no se puede olvidar de que un aumento de producción o valorización de disolventes, como lo que se proponía en aquel expediente, implicaba necesariamente saber que también se produciría un aumento de las emisiones atmosféricas, dado que las instalaciones no contemplaban de ninguna manera una reducción de aquellas y el incremento del proceso de destilación de los disolventes a producir generaba emisiones en el aire a través del necesario uso de la bomba de vacío del reactor. Esta tramitación irregular se detectó al investigar la empresa por el incendio provocado. Y recuerda que las inspecciones realizadas en el 2016, el 2017 y el 2018 a Dictecsa ya se indicaba que tenía que hacer una adaptación de la empresa para evitar peligros, como ocurrió el 2019 en el río Besòs.