El juzgado de instrucción 3 de Cornellà de Llobregat investiga a la prefectura de los Mossos d'Esquadra que diseñó el dispositivo del 1 de octubre. Son siete mandos de los Mossos, entre ellos Ferran López y Joan Carles Molinero, las manos derechas de Josep Lluís Trapero de hace un año.
El juez los cita como responsables "de elaborar y aprobar las pautas de actuación del dispositivo del 1 de octubre". Los acusa de desobediencia. Según el juez "el dispositivo policial parecía haberse organizado con la intención de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas y consistentes en evitar la votación".
Los investigados son Ferran López y Joan Carles Molinero, que ejercían en aquel momento de jefe de la comisaría superior de coordinación territorial y jefe de la comisaría superior de coordinación central, respectivamente; Emili Quevedo, jefe de la comisaría general de planificación de la seguridad; Francisco Javier Gámez, comisario de la prefectura; Antoni Verger, intendente de la comisaría superior de coordinación central; y Amadeu Domingo, jefe de la división técnica de planificación de la Seguridad.
Además también se cita como investigada a Mari Pau Martí, jefa del servicio de asesoramiento jurídico de la dirección general de la Policía.
Está investigada, por lo tanto, toda la prefectura de los Mossos d'Esquadra, que es el máximo órgano de dirección de la Policía catalana.
El juez se inhibió en su momento para que fuera la Audiencia Nacional quien los incorporara a la causa ya abierta contra el mayor, Josep Lluís Trapero, el ex director director general de la Policía, Pere Soler y el ex secretario de Interior César Puig. Pero Carmen Lamela lo rechazó, por lo que el juez de Cornellà recurro al Tribunal Supremo, que finalmente lo ha hecho competente para investigar la actuación de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre.
Una decisión conjunta y colegiada
En su auto el juez detalla los motivos de la citación de los siete investigados. Les atribuye una decisión "de naturaleza conjunta y colegiada y no meramente jerárquica con un único decisor en la figura del major que ejercía su poder unilateral". El juez argumenta que aunque digan que eran "meros oyentes u opinadores, parece que en sus reuniones tienen voz y facultad decisoria explicando cómo cada uno decide, gestiona y ejecuta su ámbito".
El acta del 13 de octubre
El juez de instrucción de Cornellà basa parte de su acusación en pruebas que tiene la Audiencia Nacional contra el major, Josep Lluís Trapero.
Entre ellas el acta de la reunión de la prefectura del 13 de octubre. En esta reunión Joan Carles Molinero dice que "se está realizando un esfuerzo ingente por revisar las más de 11.000 actas", pero alerta que falta información y que detecta actitudes "poco profesionales". Lo que hace que Trapero los avise de que lo hagan todo con mucho cuidado porque "se está construyendo el delito de sedición" y que con 10 ejemplos de actos o vídeos tienen suficiente.
El acta recoge una intervención de Trapero que según el juez es determinante: "El propio major afirma que los mandos aquí presentes somos los motores y tenemos una gran responsabilidad... Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que queríamos hacer".
Citación e investigación de la Guardia Civil
El juez deriva toda la investigación a la Guardia Civil para que concrete las competencias de la prefectura de los Mossos d'Esquadra y para que investigue todos los indicios contra sus miembros.
Reclama también al TSJC la orden de la magistrada Mercedes Armas que ordenó prohibir la votación mediante un auto el 27 de septiembre donde, precisamente, pedía que la actuación policial fuera proporcionada.
Los siete miembros de la prefectura del equipo de Trapero están citados el 12 y 13 de diciembre en el juzgado de instrucción 3 de Cornellà de Llobregat.