Incumplimiento doble. Irídia ha denunciado este lunes que el Departament d'Interior lleva seis meses desobedeciendo a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), que el pasado 26 de marzo resolvió que el departament, que dirige Núria Parlon, tenía que entregar en quince días el protocolo sobre el uso del gas pimienta a la entidad. Interior todavía no lo ha entregado, a pesar de las reclamaciones presentadas, la última el 12 de mayo. Este incumplimiento puede constituir una infracción grave o muy grave de la normativa de transparencia, con sanciones de hasta 12.000 euros y la destitución de los responsables, sostiene Irídia. La entidad también ha denunciado que el juzgado de instrucción 6 de Barcelona hace medio año que tiene la investigación parada sobre la querella que presentó —conjuntamente con otras entidades, como Alerta Solidària— por el uso de gas pimienta de "forma indiscriminada" contra manifestantes sentados en el suelo en las afueras de la estación de Sants, el 15 de octubre de 2025 en protestas en defensa de Palestina. La Audiencia de Barcelona le hizo reabrir la instrucción y no se ha practicado ninguna diligencia ni ha requerido el protocolo a Interior, asegura Irídia.
Después de las presiones sociales, la dirección de los Mossos d'Esquadra indicó, el pasado enero, que estudiaría el uso del gas pimienta en nuevas protestas, pero no ha anunciado ninguna modificación concreta. Por ahora no se ha vuelto a usar. Irídia indica que la campaña Stop Gas Pimienta ya suma 1.336 firmas individuales y 114 organizaciones adheridas. La entidad añade: "No es suficiente: sin un protocolo público y sin investigación, nada garantiza que no se vuelva a usar, ni que se depuren responsabilidades".
Inicio de expediente sancionador
Irídia ha expuesto que el pasado septiembre presentó una queja ante la Síndica de Greuges, que respondió que el caso no entra dentro de sus competencias. Por su parte, la GAIP —organismo independiente, conocido por Transparencia— ha avanzado que la próxima semana podría aprobar el inicio de un expediente de ejecución contra Interior, un paso que para Irídia "se espera desde julio y que, de nuevo, se ha retrasado por sobrecarga del organismo". La entidad ha insistido en que "es necesario que la GAIP actúe con la máxima celeridad y que, si Interior persiste en el incumplimiento, impulse el procedimiento sancionador".
Por todo esto, Irídia reclama a Interior que cumpla inmediatamente la resolución de la GAIP y entregue el protocolo vigente el 15 de octubre de 2025. También reclama al juzgado que acuerde sin más dilaciones las diligencias de investigación, que requiera el protocolo a Interior y que tome declaración a las personas afectadas. El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, está entre las personas afectadas.
Los colectivos que apoyaron la querella son: Alerta Solidària, CGT Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), Coordinadora Obrera Sindical (COS), IAC, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, Plataforma Antirepressiva de Barcelona (PAB) y Sindicat de Llogateres de Catalunya.
Además, las entidades "interpelan" a los nuevos mandos de los Mossos, Silvia Catà y Ferran López y les piden: "Rectifiquen la actuación de sus predecesores y que se comprometan públicamente a no volver a utilizar contra protestas pacíficas esta arma".