La posibilidad de dejar sin servicio el AVE entre Barcelona y Madrid durante uno o dos años ha provocado una ola de recelos entre ingenieros, empresarios y entidades vinculadas al transporte. El Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya y la patronal Pimec han rechazado una interrupción total de la línea y reclaman alternativas que permitan ejecutar las obras sin perjudicar gravemente la movilidad. Las preocupaciones también se han extendido a organizaciones empresariales de Aragón y al sector aéreo, que advierte de las dificultades para absorber los más de 40.000 pasajeros que utilizan diariamente este corredor.
El decano del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya, Pere Calvet, considera que la propuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, no tiene suficientemente en cuenta la importancia de esta conexión. "Si cierras la línea harás las obras más rápido, pero no sé si, por la trascendencia y la ocupación que ha tenido durante estos años esta línea, nos podemos permitir cerrarla completamente", ha advertido. Por eso, defiende buscar soluciones "intermedias", como reducir el número de trenes en circulación mientras se realizan los trabajos, pero manteniendo una parte del servicio. Calvet recuerda que la línea es "uno de los pilares" de la movilidad en España y considera que esta alternativa sería "la más adecuada".
Las patronales alertan del impacto económico y exigen alternativas
La patronal catalana Pimec comparte las reservas de los ingenieros. A pesar de reconocer la necesidad de renovar las infraestructuras y garantizar un servicio fiable, la organización reclama que cualquier actuación tenga en cuenta las consecuencias sobre los desplazamientos y la actividad empresarial. Por este motivo, exige que las decisiones se tomen con planificación, diálogo con los agentes económicos y alternativas que preserven la conexión entre las dos capitales. En Aragón, Cepyme Aragón también ha expresado su "preocupación" y recuerda que la alta velocidad es un factor estratégico para la competitividad de las empresas. La Cámara de Comercio de Zaragoza, por su parte, pide escuchar a los técnicos antes de tomar decisiones precipitadas y garantizar opciones de transporte a los usuarios.
Las advertencias también llegan del sector aéreo. Ignacio Rubio, presidente de la Asociación Española de Usuarios Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra), considera que los aviones no podrían asumir toda la demanda que dejaría la alta velocidad. "El aeropuerto de Barcelona no tiene capacidad real para asumir todos los pasajeros que el AVE ha ido transportando durante todos estos años. Se queda pequeño", ha afirmado. La entidad también plantea dudas sobre qué aerolíneas podrían ofrecer los vuelos adicionales y a qué precio. En Aragón, el presidente de la asociación hotelera Horeca Hoteles, Antonio Presencio, ha reclamado "conciliar seguridad y movilidad" ante las posibles repercusiones sobre el turismo.
Los ingenieros también cuestionan la gestión de Adif
Más allá del posible cierre, Pere Calvet ha aprovechado el debate para reclamar un "pacto de Estado" que garantice la estabilidad de Adif y Renfe. El decano ha denunciado los cambios constantes en la dirección del gestor ferroviario: "Durante los últimos 14 años, ha tenido siete presidentes. Esto, en cualquier empresa, sea de este sector o de cualquier otro, seguramente no aguantaría". Calvet defiende establecer mandatos de cuatro años y consolidar equipos directivos con experiencia ferroviaria. También ha cuestionado el mantenimiento de la infraestructura, a pesar de asegurar que los sistemas de señalización son seguros. "Nos hemos gastado mucho dinero en una infraestructura ferroviaria enorme que nos ha dado garantía de servicio desde 1992, pero es cierto que el mantenimiento seguramente no ha sido el que tocaba", ha señalado.
El malestar también ha llegado a las instituciones. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado "extraordinariamente preocupado" y ha anunciado que reclamará al Ministerio de Transportes todos los informes técnicos que justifiquen una eventual interrupción del servicio, especialmente en el tramo entre Madrid y Calatayud. Paralelamente, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado ha exigido una investigación "rigurosa, objetiva e independiente" del accidente ferroviario de Urda, sin presiones políticas ni administrativas. Mientras tanto, el Govern español mantiene sobre la mesa la posibilidad de acortar las obras de cinco años a uno o dos mediante la suspensión del servicio, a pesar de que todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva.