El asesinato de un joven de 28 años del barrio de la Mina, la noche del 23 de enero en el Puerto Olímpico, desembocó en una revancha entre clanes que obligó a entre 300 y 500 personas a marcharse del barrio. La familia de los Baltasares empujaron al éxodo a otros clanes como los Peludos, los Zorros, Manueles y Cascabeles.

Según ha podido saber El Nacional, algunas de estas familias se han instalado en varios municipios del Maresme y la Selva como Alella, Tordera, Palafolls y Blanes. Ocupan casas vacías, algunas de las cuales son propiedad de los bancos.

Las familias hace semanas que viven en grandes casas, algunas de ellas, en urbanizaciones lujosas, que están vacías porque con la crisis inmobiliaria las constructoras fueron a la quiebra. Más allá de la ilegalidad que puede suponer la ocupación, difícil de resolver porque los bancos no denuncian y no se activa el mecanismo judicial para echarlos, su presencia en estos municipios se ve con cierta preocupación por parte de los ayuntamientos.

En Palafolls, hay tres familias. Una de ellas, con 20 personas. Vive en una casa propiedad de un banco en una de las urbanizaciones. Las otras dos, están en casas del centro del pueblo, en la calle Sant Lluís. “La situación es pacífica y no ha habido ningún problema”, explica el alcalde de Palafolls, Valentí Agustí, a El Nacional. “Estamos tranquilos –añade–. Son personas que no son conflictivas”. Lo que preocupa más al Ayuntamiento, sin embargo, son los niños y niñas que hace semanas que no están escolarizados. “Este es un tema a resolver. Si la situación se alarga, les ofreceremos la escuela de Palafolls”, dice Agustí.

El Ayuntamiento de Palafolls asegura que no ha habido problemas de convivencia “aunque algún vecino se ha quejado –sobre todo los de la urbanización– pero lo hemos tranquilizado”. La Policía local tiene controlados todos los gitanos de la Mina que se han instalado en Palafolls.

Palafolls ha ido gestionando la situación por su cuenta. No forma parte de la mesa de trabajo conjunta con los Mossos d'Esquadra y el Departament de Afers Socials i Família que gestiona la situación de las familias que han tenido que huir. Alella sí que está en la mesa. Pidió asesoramiento para hacer frente a la llegada de tres familias. Son 32 personas que están en una de las urbanizaciones más lujosas del pueblo del Baix Maresme: Alella Mar.

“Cuando constatamos la situación, nos pusimos en contacto con la Generalitat y nos incorporamos a la mesa”, explica a El Nacional Andreu Francisco, alcalde de Alella. “Ha habido una actuación con la Policía local y Mossos con los propietarios de las casas ocupadas, para intentar denunciar y que el juzgado pudiera agilizar el proceso. Pero por otra parte, ha habido una intervención desde Serveis Socials en el momento en el que fuimos conocedores que había un número importante de menores”, añade, explicando la doble vertiente de la actuación del Ayuntamiento que ha mantenido un hilo directo para saber quién se había instalado en Alella y ofrecerles una primera ayuda.

El alcalde habla de situación “de excepcionalidad” y por eso también admite que no lo han comunicado abiertamente a la población, a pesar de los rumores y los miedos de algunos vecinos “que de alguna manera tendremos que combatir”. Y este fin de semana han decidido hacer pública esta situación con un comunicado en su web municipal, donde explican que están las familias gitanas en Alella y como se está gestionando la situación.

Parte de las familias que hay en Alella son del barrio de Sant Roc, de Badalona, y por eso también se ha trabajando coordinadamente con los servicios sociales de esta ciudad. “Trabajamos con la expectativa que se levante el veto sobre estas personas y puedan devolver”, concluye Francisco.

Mientras, en la Mina continúa el dispositivo de seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra, las unidades de mediación trabajan tanto en el barrio de Sant Adrià de Besòs como en Sant Roc, y en los pueblos del Maresme y la Selva donde se han instalado, para que las familias que se han marchado puedan volver sin correr ningún riesgo.

Fuentes policiales explican que después del asesinato “la advertencia era tan clara que se marcharon todos”, pero aseguran que no ha habido ninguna señal de revancha ni incidente grave.