El recurso de cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat contra la jueza de Huesca que lleva el caso de las pinturas de Sijena ha chocado con la fiscalía, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que no lo admita a trámite. La fiscalía considera que las actuaciones de la magistrada que ha ordenado la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena que hay en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en su emplazamiento original no constituyen ningún delito. Concretamente, en un auto del pasado 15 de abril, la fiscalía pide a la sala civil y penal del TSJA que no admita a trámite y archive la querella que presentaron los exconsellers por la ejecución de la sentencia, que obliga a que las pinturas murales vuelvan a la sala capitular del monasterio. La querella de los exconsellers también se dirigía contra los responsables del gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena que instaron a la ejecución forzosa de la sentencia de 2016, ratificada por el Tribunal Supremo en 2025, pero no citaba ningún nombre. Solo se nombraba a Rocío Pilar Vargas Magallón, la jueza de Huesca que lleva el caso.

Según la fiscalía, no se puede deducir que exista “dolo o intención y voluntad de destruir nada” y, por lo tanto, no aprecia la posibilidad de comisión de delito “ni consumado ni en grado de tentativa”. El escrito del ministerio fiscal indica que la jueza no ha hecho nada más que ordenar la ejecución de la sentencia que determina la devolución de las pinturas a Sixena y que ha adoptado “las garantías, cautelas y precisiones previstas” para garantizar el correcto traslado desde el MNAC. En este sentido, la fiscalía reprocha que en la querella de los exconsellers se deduce de forma “apriorística” que el traslado de las pinturas provocará necesariamente su destrucción o un grave deterioro, pero asegura que todo esto contradice el contenido de la sentencia que se deberá aplicar forzosamente, donde se considera el traslado “delicado pero posible”.

Delitos contra el patrimonio y prevaricación

En su escrito, los cinco exconsellers de Cultura —Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa— pedían al TSJ de Aragón que “paralizara” cualquier actuación relacionada con el traslado de las pinturas murales para evitar la consumación de un delito contra el patrimonio. Se acusaba a la jueza de Huesca y a los responsables políticos en el gobierno aragonés y de Sijena de delitos contra el patrimonio histórico como “inductores” y a la magistrada también por prevaricación por insistir en la ejecución de la sentencia. En este sentido, la fiscalía recuerda que el Tribunal Constitucional apoya el derecho de los ciudadanos a que las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios “se hagan cumplir forzosamente” cuando el condenado, en este caso el MNAC, no lo haga de forma voluntaria. En caso contrario, dice el auto, “no podría hablarse de una genuina tutela judicial efectiva”, avisa.