La Fiscalía pide ocho años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación para cuatro agentes de los Mossos de Esquadra, acusados de una agresión racista y de la detención ilegal de un joven, I.H., el 13 noviembre de 2020 en Barcelona, con el toque de queda vigente por la pandemia de la covid-19, según ha informado este martes la entidad Irídia, que ejerce la acusación popular, y ha adelantado Eldiario.es. Una vecina grabó la actuación de los agentes de la policía catalana, y la grabación ha sido clave para llevarlos a juicio. Irídia detalla que una patrulla de Mossos de Esquadra paró al chico, junto con un grupo de amigos, en Ciutat Vella, cuando volvían a casa más tarde de lo que permitía el toque de queda. Unos minutos antes, a uno de sus amigos le habían robado cinco euros, y el afectado solicitó a uno de los agentes que persiguiera a la persona que le había quitado el dinero en lugar de retenerlos a ellos, que en aquel momento ya les habían enseñado la documentación y estaban retenidos de espaldas contra la pared. En respuesta, "el cabo le propinó una bofetada y lo tiró al suelo, lo arrastró y lo inmovilizó". Cuando el afectado gritó para pedir ayuda, "los otros tres agentes acusados se añadieron a la agresión, manteniendo la inmovilización, y en ningún caso impidiendo esta actuación desproporcionada". Entonces, mientras estaba inmovilizado en el suelo, los agentes lo vejaron diciéndole al oído frases como "eres una basura, una mierda." El Departament d'Interior apartó del cuerpo a ocho agentes de los Mossos hasta aclarar los hechos denunciados.
Irídia detalla que la reducción le provocó varias lesiones físicas, así como un cuadro de sintomatología postraumática que le requirió terapia semanal los dos meses siguientes. Además, la entidad precisa que el afectado fue detenido "bajo la falsa acusación de haber propinado una patada al cabo, hecho que no sucedió, tal como muestra el vídeo del momento", y se recogió en un atestado de forma irregular.
Por esta actuación, la Fiscalía pide en cada uno de los agentes 4 años de prisión por el delito de falsedad documental; 3 años de prisión por el delito de lesiones; 6 meses de prisión por el delito de detención ilegal, y 18 meses de prisión por el delito contra la integridad moral. La acusación popular de Irídia pide más pena que la Fiscalía: 15 años de prisión y 22 de inhabilitación para los cuatro agentes.
El atestado con "sesgo racista"
En concreto, Irídia detalla que los agentes redactaron en la minuta que "había un grupo de tres personas sudamericanas, alteradas, agresivas, regañando a los agentes y desobedeciendo sus indicaciones". Para Irídia, "eso muestra que los hechos tuvieron un claro sesgo racista". En un primer momento, la abogada de oficio que ejerce como acusación particular interpuso una denuncia por los hechos, y más tarde, Irídia, con la abogada Laura Medina, se añadió como acusación popular. La entidad informa de que el magistrado del juzgado de instrucción 15 de Barcelona impuso a Irídia una fianza de 50.000 euros para poder ejercer la acusación popular. El centro de derechos humanos recurrió este hecho a la Audiencia de Barcelona, que acabó dictaminando en favor suyo. "Fianzas así quieren bloquear y dificultar que entidades de derechos humanos podamos entrar en este tipo de procedimientos", afirman desde Irída.
El juez, al visualizar los vídeos, decidió archivar la denuncia contra el joven, al verse probado que en ningún caso agredió a los agentes, ni se mostró agresivo ni desobedeció. Irídia sostiene, sin embargo, que mientras esta denuncia se estaba investigando, "se han causado graves perjuicios al joven, que ha tenido problemas a la hora de renovar sus papeles", ya que durante este tiempo le han constado antecedentes policiales. Finalmente, el juez ha decidido enviar a juicio a los agentes. Será en la Audiencia de Barcelona.